El Gobierno quiere conocer la opinión de las víctimas sobre el texto en el que desde hace medio año trabaja un grupo de diez juristas y profesores. No obstante, Moncloa no cree necesario consensuar la reforma con todas las organizaciones.

El Ejecutivo, además, da por sentado que la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no hará aportaciones. El pasado año la AVT ya rechazó presentar sugerencias a la reforma, algo que sí hicieron otros colectivos que formularon 40 propuestas para incluir en el texto.

Un día después de que el jefe del Ejecutivo se comprometiera en el Congreso a intentar pactar con el Partido Popular la nueva Ley de Solidaridad con las víctimas, fuentes del Gobierno informaron que cualquier intento de acuerdo con los 'populares' se hará en sede parlamentaria y no antes. Rodríguez Zapatero quiere que el proyecto de ley entre el Parlamento antes del 30 de junio, final del actual período de sesiones.

«Juegos florales»

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró que su formación está dispuesta a cerrar un acuerdo con el Gobierno para esta reforma. «Estaremos de acuerdo con todo lo que sea mejorar y beneficiar a las víctimas del terrorismo», señaló Zaplana, quien no obstante calificó de «juegos florales» la oferta de Rodríguez Zapatero. Según el portavoz popular el ofrecimiento de pacto es una estrategia «para poderse escapar de situaciones complicadas».

El nuevo texto terminará con las desigualdades económicas en las indemnizaciones de las víctimas, que cambian según si hay sentencia o no sobre el atentado y si el autor es conocido o no.

El comisionado Gregorio Peces-Barba hizo hincapié en que la ley no sólo recoja ayudas económicas, sino que también regule la atención psicológica, jurídica, social, laboral y de vivienda.