Además, con el fin de reducir la temporalidad en el empleo, el Gobierno de La Rioja ha aprobado también un proceso extraordinario de consolidación de empleo que incluye en total 40 plazas vacantes.
Se considera empleo temporal de carácter consolidable aquellos puestos de trabajo ocupados por personal interino o laboral temporal desde antes del 31 de diciembre del 2000. La consolidación de empleo fue aprobada por la Mesa General de Negociación con el apoyo de CSI-CSIF, STAR y el Comité de Empresa.
Según detalló el consejero de Administraciones Públicas, Alberto Bretón, "en total, las plazas ofertadas en el 2006 serán 398, la mayor oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con un objetivo claro, dar puestos de estabilidad y calidad".
Subrayó que, en cuanto a la temporalidad, "ahora alcanza el 12% de la administración general, y, con la oferta de este año, se rebajará al 7%, por debajo del índice de temporalidad aconsejado por el Defensor del Pueblo". También se persigue "fomentar la carrera profesional con promoción interna", al contarse con 75 plazas de administrativo para auxiliares.
La OPE, además, "da solución a la interinidad de larga duración", para lo que se abre un proceso extraordinario de consolidación, con 44 plazas "que serán libres, pero en las que contará la antigüedad". Mostró, en este sentido, su "sorpresa" por la oposición a este proceso de UGT y CC.OO. "que están defendiéndolo para los docentes y no lo apoyan en la administración general".
De las 398 plazas aprobadas, 201 corresponden a la Administración General, 85 a personal docente, 83 a personal sanitario y 29 a laborales. La Oferta de Empleo Público, que se refiere tanto al ámbito de los funcionarios (docentes y de Administración General), como al personal laboral y estatutario, incluye una reserva de 19 plazas para personas con discapacidad.
La ejecución completa de la Oferta de Empleo Público de este año y del proceso de consolidación situaría la tasa de temporalidad en el 7,9% en los empleados de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Esta cifra se sitúa por debajo del objetivo del 10% que se fijó en la Declaración de Murcia suscrita en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública y también es inferior al 8% recomendado por el Defensor del Pueblo.
El Decreto aprobado se atiene a los criterios recogidos en la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006.
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