La Fiscalía de Bolivia ha levantado hoy la orden de detención contra los ejecutivos de la Empresa Petrolera Andina, filial de Repsol YPF en el país, según ha informado el comandante de la policía del departamento oriental de Santa Cruz, Wilfredo Torrico. La medida de la fiscalía favorece al presidente de Andina, el español Julio Gavito, y al gerente de Operaciones, el argentino Pedro Sánchez, que antes había desobedecido una citación, según informó el jefe policial por teléfono. Torrico ha explicado que la policía recibió el viernes pasado sendos mandamientos de arresto contra Gavito y Sánchez y ha aclarado que hoy los fiscales encargados del caso le han notificado la suspensión de esa medida.

Los ejecutivos de la petrolera habían sido citados a testificar por los fiscales que investigan la denuncia de presunto contrabando de petróleo cometido por Andina en el periodo 2004-2005 y valorado en aproximadamente nueve millones de dólares. Su inasistencia se transformó en sendas órdenes de aprehensión para obligarles a cumplir con la legislación boliviana, según la Fiscalía.

El mandamiento de captura motivó una entrevista urgente del embajador español en La Paz, Francisco Montalbán, con el presidente boliviano, el socialista Evo Morales, quien recibió la queja del Gobierno español. Morales expresó al diplomático su preocupación por el incidente judicial con los funcionarios de la petrolera y aseguró que pretende tener excelentes relaciones con España y con Repsol YPF para llegar a un acuerdo sobre las nuevas condiciones del sector energético en el país andino. El gobernante tiene previsto entrevistarse con el presidente del consorcio hispano-argentino, Antonio Brufau, el próximo viernes en La Paz, adonde llegará el empresario español en visita oficial, confirmaron hoy fuentes de la firma en Buenos Aires.

En un comunicado, Andina ya había anunciado el martes que la orden de aprehensión contra sus funcionarios fue cancelada. La compañía aseguró, además, que presta la máxima colaboración a las autoridades y la justicia bolivianas para aclarar la situación de la empresa y de sus directivos en relación con el presunto contrabando de petróleo. Los abogados de la firma han acordado con los fiscales que Gavito y Sánchez se presenten a declarar el próximo 9 de marzo. La petrolera ha insistido en que la acusación de la Aduana Nacional de Bolivia "no tiene fundamental legal" porque las exportaciones cuestionadas "se concretaron con los permisos emitidos por la autoridad competente", según un boletín.