En primer término, el alcalde explicó que con el fin de asegurar la adecuada integración y convivencia de la población inmigrante se debe establecer un contingente anual.

En segundo lugar, abogó por hacer una distinción entre la inmigración legal y la ilegal. Por ello, subrayó la necesidad de una más estrecha coordinación y colaboración interadministrativa que «permita la localización ágil de situaciones de ilegalidad». «Pediremos la colaboración del Gobierno central y de las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento, a través del censo», explicó Revuelta y añadió que para eso harían falta cambios normativos y legales.

Asimismo, el primer edil tildó de «fundamental» asegurar a los inmigrantes cubrir la totalidad de las necesidades de la población extranjera «y en condiciones de igualdad». De esta forma, consideró que el Gobierno central debe aportar al Ayuntamiento una cuantía de 100 euros por inmigrante y año «como contraprestación al esfuerzo complementario de las entidades locales».

Por último, reclamó la necesidad de integración de los inmigrantes. Así, dijo, para mantener el principio de arraigo como base de la convivencia, se podrá valorar el tiempo de residencia como criterio de ponderación para acceder a determinados servicios sociales.