Cuando se producen fracturas de esta naturaleza resulta muy difícil atribuir responsabilidades, que suelen generalmente alcanzar en mayor o menor grado a todos. Pero si la iniciativa unilateral de la AVT y del Partido Popular ahonda aún más la ruptura del Pacto Antiterrorista, uno de cuyos fundamentos era precisamente el mantenimiento a toda costa del consenso y la no explotación electoral del terrorismo, es igualmente inevitable -al observar la magnitud de la movilización- llegar a la conclusión de que el Gobierno tiene que haber gestionado muy mal el problema del terrorismo de ETA para haber cosechado una respuesta en contra tan masiva. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no tiene ya más remedio que tomar nota de un estado de opinión que ha de marcar inexorablemente su política antiterrorista, porque se equivocaría rotundamente el presidente si redujese la manifestación de Madrid a un mero mensaje político, o la viese simplemente como parte de la estrategia de desgaste de la oposición.

La única conclusión sensata que cabe extraer de lo ocurrido ayer es que las víctimas del terrorismo -apoyadas por una gran parte de la sociedad- han dejado muy claro que ellas no han confiado ciegamente en el Estado de Derecho, y aguantado más de tres décadas tanto dolor, para que ahora su dignidad sea apartada en aras de -como se vanagloria abiertamente Batasuna- un supuesto intercambio de cese de asesinatos por reducción de condenas. Si en un tiempo ya lejano se pudo pensar que el abandono de las armas podía haberle depararle a la banda ETA cierta magnanimidad del Estado, hoy, cuando el hastío de la sociedad es total, Rodríguez Zapatero debe tener muy presente que un final de la violencia que deje de lado a las víctimas frente a quienes han intentado a toda costa arrinconar a la democracia, sería un lamentable cierre en falso del problema.