El texto prevé que se podrá fumar en los locales al aire libre o que no estén techados ni cerrados. También se podrá inhalar humo en los espacios que tengan «cubierta móvil o practicable» si ésta se halla abierta.

Según el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, la iniciativa no es «inconstitucional ni ilegal», al tiempo que hace prevalecer los derechos del no fumador. De acuerdo con el decreto dado a conocer hoy, que desarrolla la ley antitabaco auspiciada por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, la Comunidad de Madrid cofinanciará los tratamientos para abandonar la adicción, algo que descartó en su día el Gobierno central.

Los métodos de deshabituación, que ahora se limitan a profesores y profesionales sanitarios, se extenderán «al resto de trabajadores públicos y de empresas privadas, así como a colectivos de riesgo». La tolerancia hacia bares y restaurantes de centros de trabajo tiene una excepción: estará prohibido encender un cigarrillo en los locales pertenecientes a instituciones sanitarias y educativas.

El texto, que será estudiado por el Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado, subsana la «falta de concreción y la inseguridad jurídica» de que adolece la ley de ámbito nacional.

Para Lamela, es preciso proteger la «libertad» de bares con una superficie inferior a los cien metros cuadrados para que sean los dueños los que permitan si se fuma o no en su local.

De acuerdo con Lamela, el decreto es respetuoso con la definición que hace el Estatuto de los Trabajadores de los centros de trabajo. Siguiendo con su argumentación, se podrá fumar «con carácter excepcional» en «actos conmemorativos, de representación, institucionales o análogos» que tengan lugar en estos centros y en espacios de más de 100 metros cuadrados que delimiten zonas de fumadores y no fumadores.

El texto atenúa las multas establecidas por la ley aprobada por el Parlamento y establece un régimen sancionador que oscilan entre los 15.025 euros y los 120.20 euros, que serán recaudados por la Agencia Antidroga, el propio consejero de Sanidad o el Consejo de Gobierno.

Reacción del Gobierno

El Gobierno no descarta emprender acciones judiciales contra el decreto que prepara el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el consumo de tabaco si persiste en sus términos actuales. Para el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, el texto enviado al Consejo de Estado por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre «es contrario al espíritu» de la ley antitabaco aprobada por el Gobierno central.

A juicio de Martínez Olmos, es «sorprendente» la iniciativa de Aguirre, por cuanto la ley estatal contra el tabaquismo fue aprobada por unanimidad por el Parlamento.