De acuerdo con la declaración institucional, pactada entre todos los grupos parlamentarios, Don Juan Carlos tuvo idéntico protagonismo en la desarticulación de la intentona golpista que «otras instituciones gubernamentales, parlamentarias autonómicas y las municipales». Esta fue la redacción final que se le dio al documento por exigencias de ERC, IU-ICV y EA.

Estos grupos minoritarios se mostraron disconformes con el texto que les había propuesto el presidente de la Cámara, Manuel Marín, en el que se destacaba «sobre todo, la apelación del Rey a los españoles y su emplazamiento a los mandos de las Fuerzas Armadas» como elementos claves del fracaso de los golpistas.

Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Txiki Benegas, Alfonso Guerra, Gabriel Cisneros, José Acosta, Luis Gámir y el propio Marín se encontraban en el hemiciclo cuando irrumpió, pistola en mano, el teniente coronel Antonio Tejero. Un cuarto de siglo después, estos seis parlamentarios volvieron a sentarse ayer en sus escaños para votar la declaración institucional y asumir la nueva visión de los acontecimientos que impusieron los grupos minoritarios.

El malestar entre los más veteranos era evidente cuando supieron los términos de la negociación que modificó el planteamiento inicial del recordatorio. «Es muy respetable ser republicano, pero no se puede reinventar la historia», comentó un diputado socialista. «No se puede equiparar el papel del Rey con el del resto de la sociedad porque la sociedad civil, aquella noche, se fue a casa con mucho miedo», apuntó otro parlamentario que vivió el 23-F en las filas de la UCD.

La declaración institucional fue impulsada por el líder de IU, Gaspar Llamazares, en la reunión de la Junta de Portavoces del pasado martes. Fuentes parlamentarias aseguran que el presidente de la cámara baja se mostró reticente a llevar la iniciativa y propuso que fueran las fuerzas políticas quienes acordaran el documento, que él asumiría y plantearía como declaración institucional. Sin embargo, los portavoces estuvieron de acuerdo en encargar al presidente la confección del texto.

Marín, a su vez, pidió al vicepresidente de la Mesa y ponente constitucional, Gabriel Cisneros, la elaboración de un documento de trabajo. En el papel inicial, de folio y medio, ya figuraba la destacada influencia de Don Juan Carlos para que el golpe resultara fallido. Incluso abundaba en la misma idea y decía que la cámara «quiere también reiterar su lealtad a S. M. el Rey, cuyas legitimidades constitucional y dinástica se vieron acrecentadas desde aquella madrugada por una masiva adhesión social y popular de inusitadas dimensiones».

En una segunda versión que elaboró Marín, oídas las distintas opiniones de los grupos, despareció este reconocimiento a la Corona, pero se mantuvo la referencia a su papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos. Las fuentes antes citadas aseguran que diputados de ERC, EA e Izquierda Unida pusieron pegas al texto. Harto de estas exigencias, el presidente del Congreso se negó a modificar de nuevo la declaración.

El PP, por miedo

Los grupos discrepantes y el PSOE concluyeron la negociación ayer por la mañana al ponerse de acuerdo con una redacción que equipara el papel del Rey con el de otras instituciones gubernamentales, autonómicas y municipales.

El PP criticó el proceso, pero asumió la redacción final para no impedir su aprobación, dado que una declaración institucional sólo puede ser aprobada por unanimidad. Los populares aseguran que admitieron el texto pactado por miedo a que su negativa, que provocaría el consiguiente fracaso de la iniciativa, pudiera ser utilizada por sus adversarios políticos para poner en duda su condena a los golpistas del 23-F.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, desde Sevilla, calificó de «intolerable» la imposición de quienes rebajaron el papel del Rey y acusó a los socialistas de «bajarse los pantalones» ante las exigencias de sus socios parlamentarios. «Es una vergüenza y una falta de respeto a la verdad y a la Historia», dijo el presidente del PP en la capital andaluza.

En otro acto de conmemoración de este 25 aniversario, en este caso en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, el histórico dirigente comunista Santiago Carrillo fue insultado por un reducido grupo de jóvenes ultraderechistas, que le llamaron «asesino», aunque fueron acallados por los aplausos de los estudiantes y profesores.

El ex secretario general del PCE, que ayer sufrió su tercer incidente de características similares en menos de un año, aludió a lo ocurrido y dijo que, si hubiera triunfado la intentona golpista -de la que él fue testigo-, estas personas estarían a estas horas «escupiendo sobre nuestra sepultura».