El jueves pasado, Tomás Martínez y Jorge Abad volvieron a reunirse, por separado, con los técnicos del Instituto Geográfico Nacional, cuyo trabajo se presenta fundamental para inclinar la balanza en favor de uno u otro municipio. El órgano encargado de resolver el caso es la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, en función de los documentos que aporten las dos partes implicadas y el centro geográfico. Así las cosas, y con el fin de recabar más datos, la Consejería ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Autol, localidad que también limita con ambos términos municipales en Yerga, por si éste tuviera en su poder algún otro documento que aportara nuevos argumentos de juicio.

El alcalde alfareño ya compareció ante la prensa en mayo del 2005 con varios documentos cartográficos, fechados entre 1853 y 1959, que demostraban, según él, que el terreno objeto de la polémica es propiedad del término municipal alfareño. El alcalde recordó, en aquella ocasión, que fue el Ayuntamiento de Grávalos el que, «de forma unilateral», encargó al Instituto Geográfico Nacional, en el año 2001, «el replanteo de la línea divisoria que fue marcada en el año 1923 y que ha estado vigente desde entonces».

Como es lógico, no opina lo mismo el Consistorio gravaleño, que sostiene lo contrario y lo argumenta en un informe elaborado en el año 2002 por el Instituto Geográfico Nacional, que parece darle la razón. Dicho informe se fundamenta en las mediciones realizadas en 1937 por el propio Instituto Geográfico, que coinciden con la documentación que obra en poder de este Ayuntamiento.

Su alcalde se muestra «tranquilo» y confía en que la Consejería de Administraciones Públicas le terminará dando la razón. «Salvo que se aporte nueva documentación, los informes actuales del estudio de mugas dan la razón a nuestro pueblo. Así de sencillo», concluye Jorge Abad.