Repsol YPF aseguró que en ningún momento ha actuado con intención de esquivar las leyes bolivianas e hizo especial hincapié en su intención de «aclarar todo y seguir invirtiendo», apuntó la portavoz. La firma planea una inversión de 125,7 millones de euros en un proyecto conjunto con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para la construcción de una planta de separación de líquidos para abastecer de gas licuado de petróleo al país. La misma fuente descartó que el incidente desatado por la Aduana pusiera en peligro este proyecto.

Aduana Nacional

El presidente interino de la Aduana Nacional boliviana, Ricardo Alba, adelantó el pasado viernes que el organismo presentará el lunes ante la Fiscalía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (al este del país) un exhaustivo informe que evidenciaría un «presunto contrabando» de 230.399 barriles de crudo, valorados en 7,5 millones de euros. Los desajustes hallados por los inspectores de la Aduana, añadió Alba, se refieren al periodo que va de junio de 2004 a julio del 2005. Tiempo durante el que, dijo, se habría declarado menos petróleo del realmente exportado. La producción diaria de Repsol YPF es de 1.200.000 barriles.

El informe destaca que Andina S. A. (participada al 50% por Repsol YPF y el Estado boliviano) exportó esos barriles «sin contar con la documentación legal consistente en la autorización del Ministerio de Hidrocarburos». Un extremo que la española niega de forma tajante. «Contamos siempre con el conocimiento de las autoridades y con todos los permisos, primero transitorios y después de carácter definitivo y con efecto retroactivo», afirmó la portavoz.

Falsificación

El Código Tributario Boliviano señala en su artículo 181 que «cuando las mercancías no puedan ser objeto de decomiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando». La documentación aportada por Alba da cuenta también de un presunto delito de falsificación de documento aduanero por declarar exportaciones por cantidades superiores a las autorizadas.

Tras conocer la acusación, la filial boliviana de Repsol YPF aseguró que las ventas al extranjero se efectuaron «de manera legal y con permisos emitidos por la autoridad competente a través de resoluciones ministeriales». «No han ocasionado -las exportaciones- daño económico alguno al Estado boliviano ya que están exentas de impuestos», afirmó en un comunicado oficial. La firma destacó también que antes de las operaciones cuestionadas «la compañía cumplió con la obligación de abastecer las necesidades del mercado interno».