Cataluña tendrá su propio órgano de gobierno de los jueces y un Tribunal Superior de Justicia que será la última instancia de todos los procesos y recursos iniciados en su ámbito territorial. Para el PP esto crea una «auténtica fractura» del Estado de Derecho. Para el PSOE y las formaciones no es más que la adecuación de la justicia al estado de las autonomías.

El portavoz socialista en la ponencia, Diego López Garrido, aseguró que el Estatuto de Cataluña preserva la unidad del Poder Judicial. El Consejo de Justicia de Cataluña actuará simplemente como «órgano desconcentrado» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, según subrayó, sus atribuciones se adecuarán a la legislación aprobada por las Cortes Generales.

López Garrido recordó además que la Constitución establece, en su articulo 152, que los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el ámbito autonómico.

El representante del PP en la comisión constitucional, Federico Trillo, discrepó con estas aclaraciones.

El diputado opositor consideró que las apelaciones a la ley orgánica, introducidas por el PSOE en el texto, solo tratan de «maquillar» una ruptura evidente del sistema.

Trillo defendió que la reforma convertirá al TSJ catalán, «prácticamente», en un Tribunal Supremo propio y aseguró que se «usurparán» al CGPJ competencias que son exclusivas suyas. La reunión de ayer dejó una cuestión pendiente: las competencias sobre la creación de juzgados y tribunales y sobre las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa. Las fuerzas catalanas pretenden que recaigan en la Generalitat.

Por otra parte, la ponencia también acordó eliminar que el conocimiento del catalán y del derecho propio se consideren «requisito» para la obtención de una plaza de juez, magistrado o fiscal. El personal de la justicia deberá acreditar un conocimiento «suficiente y adecuado» de ambos idiomas.