El texto aprobado ayer, que resulta de un consenso entre populares y socialistas, las dos principales formaciones políticas de la Eurocámara, elimina el principio del país de origen para regular las obligaciones contractuales del prestatario del servicio, y amplía sustancialmente la lista de excepciones que ya proponía la Comisión en su propuesta original.

El texto resultante fue recibido con satisfacción por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que el martes reunió entre 30.000 y 50.000 manifestantes contra la directiva en Estrasburgo. Un comunicado emitido por la organización valoraba el resultado de la votación como «un verdadero triunfo para los trabajadores europeos».