Santos se refirió, en rueda informativa, al escrito que ha presentado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), en el que denuncia la proliferación de actuaciones, "presuntamente delictivas", consistentes en la compra de edificios completos para buscar su ruina y construir nuevos inmuebles.

"Estos mal llamados empresarios de la construcción", explicó, "dejan deteriorar estos edificios hasta lograr la ruina económica, que se produce cuando el coste de la reparación supera la mitad del valor del inmueble, y así conseguir el abandono de los inquilinos, ante el desamparo que encuentran en sus reivindicaciones".

Además, los propietarios no cumplen los requerimientos del Ayuntamiento para mantener la conservación y mantenimiento de los edificios según exigen las normas urbanísticas, por ello, se produce un deterioro progresivo que acaba también en ruina física.

A esta situación, se suma la "inoperancia e incompetencia municipal, ya que el Consistorio se limita a aprobar resoluciones sin efectividad y su desidia siempre juega a favor de los propietarios mayoritarios".

Detalló que en Alférez Provisional 2, donde quedan un par de inquilinos, el Ayuntamiento ha emitido ocho resoluciones desde el 2003, que la empresa propietaria (CASASAL S.A.) no ha cumplido, por lo que uno de los vecinos denunció los hechos en el Juzgado de Instrucción número tres de Logroño.

En el caso de San Antón 8, en el que sólo están ocupados dos bajos (una cafetería y una peletería), desde el 2001 ha habido 17 requerimientos a la empresa Habitat 38 S.L., alguno de ellos con compromiso del Ayuntamiento de encargarse de la ejecución subsidiaria, que no cumplió, y también se presentó una denuncia por daños en el Juzgado.

Santos alertó de que se ha producido otro acoso inmobiliario en Gran Vía 29, en el que hay dos inquilinos, y que desde hace seis años ha motivado 20 resoluciones municipales, por lo que los vecinos también se plantean acudir a la Fiscalía.

Insistió en que han recurrido a la Fiscalía por la falta de actuación del equipo de Gobierno municipal (PP) y en defensa de unos vecinos que se encuentran en minoría y tienen menos recursos que los propietarios de la mayoría de los pisos del edificio.

El portavoz municipal socialista confió en que el plazo de seis meses el fiscal jefe tome una decisión sobre este asunto.