Más allá de la coincidencia general en la lucha contra el tráfico de mujeres y la prostitución forzada, la moción parlamentaria pretende clarificar el escenario de su práctica voluntaria. Pero quienes se oponen a la regularización replican que el 95% no se ejerce por propio deseo.Según, un informe de UGT, la 'voluntariedad' del 5% restante es relativa por la influencia de las condiciones de esas mujeres, habitualmente en desventaja. El mismo estudio remarca otra cifra: el 90% de la prostitución tiene como protagonistas a inmigrantes, la mayoría irregulares.

Visiones encontradas

La visión desde el propio colectivo y su 'entorno asistencial' aparece muy pegada a su experiencia cotidiana. Hetaira, organización que defiende los derechos de las prostitutas, denuncia la actual «situación de alegalidad» y exige derechos laborales y sociales, porque «es una actividad económica legítima». A su juicio, políticas de «hostigamiento a los clientes» como la del Ayuntamiento de Madrid son contraproducentes porque «favorecen los tratos rápidos y clandestinos» y empeoran las condiciones de vida de esas mujeres. Educadores y trabajadores sociales también creen que la prohibición no es una solución y que hacen faltan iniciativas integrales.

Las organizaciones feministas tienen claro que la propuesta de la Generalitat catalana no lo es. Aunque sólo existe todavía un borrador, su enfoque les parece radicalmente equivocado. Primero, porque la prostitución es «una forma de esclavitud» -la definición aparece en documentos de las Naciones Unidas- y «una forma de violencia» antifemenina. Segundo, porque atenta contra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Y tercero, porque «consolida una actividad económica basada en la mercantilización y utilización del cuerpo de las mujeres».

Las quince organizaciones feministas que promueven la campaña de firmas contra la reglamentación advierten de que la regulación abriría «un camino sin retorno hacia la consolidación de una de las formas más perversas de esclavitud del siglo XXI».