Titularidad estatal, gestión descentralizada
El Gobierno de La Rioja ha aceptado participar en la gestión del aeropuerto de Agoncillo. Este modelo lleva ya mucho tiempo implantado en Europa e implica la constitución de un organismo integrado por la administración regional, los ayuntamientos y las instituciones económicas (en el caso de La Rioja, la Cámara de Comercio y FER), que definen las líneas estratégicas de actuación para exprimir al máximo las potencialidades de los aeropuertos. Ahora bien, el Gobierno de La Rioja condiciona su apoyo a esta nueva fórmula de gestión a que AENA, el ente gestor aeroportuario, mantenga la titularidad del aeropuerto.
La cogestión aeroportuaria es una medida impulsada en el Plan de Infraestructuras (PEIT), pero que lleva casi tres años en el debate político. En el 2003, Convergencia i Unió decidió llevar este asunto al Congreso de los Diputados y los grupos fijaron posiciones.
Los socialistas, que en ese momento eran oposición, ya defendían la «cogestión» de los aeropuertos españoles. Según su propuesta, debería crearse un ente o consorcio en el que participarían las distintas administraciones junto a la iniciativa privada, «todo ello con el objetivo de crear unas líneas estratégicas de desarrollo plenamente integradas en el territorio en el que se ubica el aeropuerto».
Otras formaciones políticas, compartieron este diagnóstico, aunque con alguna que otra variación. Así, Izquierda Unida defendía un modelo de gestión donde primase lo público.
Solidaridad territorial
Para el PP, sin embargo, las pretensiones de la oposición iban «en contra de los principios que fundamentan la solidaridad y vertebración territorial de España», crítica que acentuaba en el caso de los nacionalistas, a los que acusaba de estar guiados por «el deseo de acaparar competencias» .
Tres años después y con el nuevo PEIT en las Cortes, las posiciones se han acercado y las comunidades 'populares', entre ellas la riojana, muestran una mayor disposición a implantar un modelo de gestión descentralizado, aunque la condición sigue siendo que el Estado, a través de AENA, mantenga las competencias.