La estimación de los sindicatos y de las asociaciones de inmigrantes aparece, en este caso, como el método más fiable. «Yo no noto una sensación asfixiante de 'sin papeles', como sí la había antes del último proceso de regularización», afirma Ana Terrazas, responsable de Acción Institucional de CCOO. Ella utiliza como termómetro las visitas de irregulares que recibe en su despacho. «Actualmente, muy pocas», aclara.

Los dirigentes de la mayoría de asociaciones de inmigrantes coinciden en que el número de indocumentados ha descendido, de un modo muy importante, tras el proceso de regularización. Luis Jordán, presidente de la Asociación de Bolivianos de La Rioja, cree que «una cantidad mínima» de sus compatriotas continúa viviendo en la región 'sin papeles'.

De la misma opinión es Nelson Pasaca, máximo responsable de la asociación de ecuatorianos, que achaca el descenso de 'ilegales' al mayor control que se ejerce en las fronteras y a las condiciones, más duras, para poder recalar en España. «Desde que acabó el proceso, los ecuatorianos ya no podemos venir a España como turistas, como sucedía antes. Ahora necesitamos un visado», relata.

La situación cambia con los rumanos. «Cada semana, en autobuses, vienen a Logroño decenas de compatriotas con un visado de turista para tres meses», reconoce Ana Cornelia Onea, presidenta de la asociación rumana; «y luego, claro, se quedan aquí». «El proceso sacó de la ilegalidad a casi 6.000 extranjeros, pero está claro que hubo gente que no se pudo acoger por no cumplir alguno de los requisitos», culmina Mohamed Tellal, vicepresidente de AMIN.