Es la primera vez que un juez español reconoce que la tripulación de aquel vuelo no estaba preparada y que ni siquiera sabía por dónde volaba cuando se estrelló. UM Air (compañía aérea), Chapman Freeborn (contratista) y Busin Joint-Stock Insurance (aseguradora) deberán indemnizar con entre 8.856 euros y 131.000 euros a 184 familiares. Otros 126 allegados que habían reclamado no cobrarán, al entender el juzgado que no son herederos o beneficiarios de los fallecidos.

Además, el fallo recorta en casi todos los casos las cantidades demandadas, por lo que los 10 millones de euros quedan muy lejos de los 60 millones que reclamaron las familias. El juez subraya que las cantidades que pedían los damnificados eran «claramente desorbitantes» y que haber concedido esas abultadas indemnizaciones hubiera supuesto una «discriminación» con respecto a otros fallecidos en parecidas circunstancias.

«Cadena de errores»

Um Air y Chapman tendrán que desembolsar de manera solidaria el grueso de las indemnizaciones. El magistrado sostiene que la compañía aérea y la contratista del vuelo, y no tanto la aseguradora, son las principales responsables de la «cadena de errores» que provocó el accidente aéreo.

El fallo considera probado que Um Air y Chapman cometieron hasta ocho irregularidades diferentes, desde simple cuestiones burocráticas hasta graves deficiencias en los sistemas de navegación del aparato y en la preparación de la tripulación del vuelo, y asegura que el cúmulo de fallos que desencadenaron la tragedia comenzó porque Um Air no «había proporcionado formación básica» a la tripulación «para volar en montañas y aeródromos de zonas generalmente montañosas».

Los pilotos apenas conocían dos sistemas llamados CRM y CFIT utilizados para esas situaciones de navegación difícil. La sentencia insiste en que, momentos antes del accidente, los pilotos ni siquiera sabían dónde estaba. La ignorancia de los pilotos era tal que no supieron qué hacer cuando el GPWS (sistema de aviso de proximidad del suelo) «funcionó correctamente».