El edil socialista recordó que ya en julio del año 2000 se dio orden de derribo del edificio; en el 2002, sin embargo, se aprobó provisionalmente un cambio en las normas urbanísticas para la protección de su fachada y solanas; en febrero del 2003, se concedió de nuevo licencia de derribo, guardando los elementos singulares. A mediados del 2003, se aprobaron definitivamente las normas de protección del inmueble, que fueron impugnadas «nada más y nada menos que un año después» por parte de la Comunidad Autónoma.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictó sentencia del caso en diciembre pasado, eliminando la protección, tras lo que el miércoles, «a petición de la empresa», se aprobó el estudio de detalle para la actuación, «que permite el derribo del edificio y la eliminación de las solanas en el nuevo que se construya». «Hemos vuelto al 2003», criticó Urquía, quien se preguntó «para qué se ha esperado tres años si, desde la primera petición de la empresa, ya se pensaba en derribar, para llegar a la misma conclusión que al principio», informa Europa Press.