Pero las críticas de este colectivo también se extienden al Gobierno, en concreto a la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento. Según un comunicado que hicieron público ayer, la Administración mantiene «una política de dejación y connivencia» respecto a la actitud de las aerolíneas, al aceptar 'de facto' la «situación intolerable de presión» que ejercen algunas compañías sobre sus pilotos «para que vuelen a cualquier precio».

Desde el SEPLA, que cuenta con más de 5.000 afiliados, se considera de «extrema gravedad» que, «aún conociendo este tipo de actuaciones», Fomento no adopte ninguna medida sancionadora, «instando a las compañías a respetar la legislación».