En la demanda, presentada ante un tribunal federal en Manhattan, se acusa a la petrolera hispano-argentina de haber presentado al mercado «declaraciones erróneas y falsas con objeto de inflar artificialmente el valor de la acción».

En concreto, la firma de abogados Schiffrin & Barroway, LLP acusa a la compañía de haber ocultado varios factores «adversos»: entre ellos, que sus cifras de reservas estaban «materialmente exageradas». También ocultó, según la demanda, que las operaciones de gas natural en Bolivia estaban siendo perjudicadas por los cambios en el marco legal del país, y que la petrolera «estaba sufriendo problemas de producción en Argentina». Igualmente, los accionistas desconocían que la corrección a la baja de las cifras de reservas tendrían un impacto negativo de 50 millones de euros en los beneficios del 2005, dice la firma.

Fuentes de la compañía petrolera, consultadas en Madrid, no quisieron hacer comentarios sobre esta iniciativa legal.

Esta demanda colectiva ha sido presentada en representación de todos los inversores que compraron acciones de Repsol YPF entre el 28 de julio del 2005 y el 27 de enero del 2006, fecha en que la petrolera anunció una revisión a la baja de sus reservas demostradas.

Este anuncio causó una fuerte caída de la compañía en la bolsa española, donde perdió en solo dos sesiones el 10,5% de su valor, así como una revisión de las calificaciones crediticias de algunas agencias internacionales de evaluación de riesgo.

En aquella fecha, la petrolera anunció un recorte del 25% en sus reservas probadas de hidrocarburos (1.254 millones de barriles), sobre todo de gas natural, como consecuencia de los cambios normativos y contractuales en Bolivia y Venezuela y de la incertidumbre sobre la extensión de las concesiones en Argentina. Desde la revisión, los títulos de Repsol YPF han caído el 5,73%.