La disposición, que entrará en vigor tras su publicación en el BOE, supone que a partir de este momento el Gobierno dejará de estipular el precio tope y será el propio mercado el que marque las tarifas.

No obstante, la CMT advierte de que Telefónica «no podrá comercializar ofertas, tanto generales como personalizadas, que impliquen riesgos para la libre competencia».

Además, obliga a esta compañía a notificar sus precios diez días antes de su comercialización efectiva.

El sistema de precios regulados es una cesta de precios que el Gobierno autorizaba todos los años y por el que establecía como se tenían que comportar globalmente las tarifas de Telefónica.

El 'price cap' tenía que haber concluido en el año 2004, pero el retraso de los estudios de los mercados de referencia por parte de la Comisión hizo que se ampliará dos años la vigencia del sistema.