El papel de la Comisión Constitucional habrá de centrar sus debates en dos objetivos: en primer lugar, asegurar la plena constitucionalidad del proyecto, desprendiéndolo de todas las adherencias soberanistas que puedan quedar; en segundo lugar, dar consistencia y visibilidad al carácter plenamente solidario de la propuesta, un objetivo de cumplimiento necesario para mantener la idea fundacional de los constituyentes y también para aplacar todos los recelos que se han suscitado. Como se ha dicho, el Estatuto, que es el de una Comunidad Autónoma de 'régimen general', no puede incluir un modelo de financiación cerrado, pero sí es importante velar por la compatibilidad de la futura carta autonómica catalana con la existencia de un Fondo de Suficiencia capaz de cumplir sin apreturas con la misión redistributiva que ha venido desempeñando hasta ahora. Así como con el mantenimiento del Fondo de Compensación Interterritorial en los términos y con el espíritu marcados por el artículo 158 de la Constitución.

Es importante que, en esta fase, desde las Cortes Generales se salga al paso de la sensación extendida en la opinión pública de que se están produciendo agravios comparativos o inequidades inadmisibles al amparo de las reclamaciones catalanas. Además, el papel de la Comisión ha de extenderse al logro de un buen Estatuto que prescinda del galimatías textual del proyecto, que minore su propensión intervencionista y que mejore los aspectos técnicos de la propuesta inicial.

No cabe duda de que el nuevo Estatuto de Cataluña podría tener un valor referencial y paradigmático para las demás regiones, si finalmente se cerrase un texto consensuado e integrador que prescinda de preceptos tan escasamente extensibles a otras comunidades, e incluso a la propia de Cataluña, como establecer la obligatoriedad de las dos lenguas cooficiales. Si durante 25 años la convivencia del español y el catalán ha sido tan ejemplar como las propias autoridades lingüísticas sostienen, no sería lógico dar ahora una vuelta de tuerca nacionalista a la cuestión del idioma para convertirlo en un obstáculo de integración.

El nuevo modelo de financiación, que habrá de negociarse y que dará lugar a una necesaria reforma de la Ley Orgánica de Financiación, afectará igualmente al conjunto de las autonomías de régimen general; por ello, estamos en puertas de una ley orgánica especial que modulará toda la reforma territorial. Y no es razonable que esta empresa no cuente con la presencia activa del principal partido de la oposición en la tarea de supervisar que la reforma del sistema autonómico no se haga a costa de beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. El Gobierno tiene que resultar creíble en su llamada al PP a la plena participación en los debates y en los acuerdos; y este partido debería, a su vez, hacer el esfuerzo de renunciar a utilizar como ariete contra el Gobierno la delicada coyuntura de la reforma estatutaria catalana a cambio de configurar en el proceso de debate en Comisión el perfil de su alternativa política frente a la apadrinada por los socialistas.