«El relevo del fiscal se produce en el ejercicio de las competencias que al fiscal general del Estado le incumben con absoluta autonomía de dirección de una institución regida por la unidad y la dependencia jerárquica», defendió la Portavoz del Gobierno al término del Consejo de Ministros.

En su reunión de ayer, el Ejecutivo aprobó el cese de Fungairiño, a quien Conde-Pumpido forzó a dimitir por considerar que desobedeció varias de sus instrucciones y que, por lo tanto, ya no podía confiar en su comportamiento al frente de una fiscalía tan compleja e importante como la de la Audiencia Nacional.

Fernández de la Vega trató de enmarcar la decisión dentro de la «más absoluta normalidad» porque todos los fiscales generales del Estado han ejercido esta potestad y se han regido por el criterio de confianza. El mismo criterio que, recordó, utilizó el antecesor de Conde-Pumpido (Jesús Cardenal) al nombrar a Fungairiño sin un solo voto a favor del Consejo Fiscal.

«Absoluto respeto»

La Portavoz del Ejecutivo socialista manifestó su «absoluto respeto» por la labor del fiscal cesado en la lucha contra ETA e incluyó en este reconocimiento al trabajo realizado por «otros muchos fiscales de la Audiencia Nacional» que han destacado por combatir el terrorismo.

El Consejo Fiscal convocará el próximo martes el concurso para cubrir la plaza que la renuncia de Fungairiño deja vacante. El nombramiento del próximo fiscal jefe de la Audiencia Nacional es competencia del consejo de ministros, a propuesta del fiscal general. Conde-Pumpido tiene el apoyo del Ejecutivo no solo para elegir al sucesor -algunos nombres empiezan a sonar con fuerza, como el del fiscal jefe de Cataluña, José María Mena-, sino para que este acometa una amplia remodelación de la Fiscalía del tribunal central.

La interpretación del Partido Popular enfadó a la 'número dos' del gabinete, que tachó estos comentarios de «partidistas e irresponsables».

«No hay cambios en la política antiterrorista y no los habrá hasta que ETA deje la violencia».