LA decisión del Fiscal general del Estado de relevar a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es un gesto que trasciende claramente del traslado rutinario de cualquier funcionario público. Basta echar un vistazo a la controversia política que su «dimisión» ha provocado para darse cuenta de ello. Sintomático es, desde luego, que la desaparición de la escena judicial de Fungairiño haya sido aplaudida por el líder nacionalista catalán, Carod Rovira, que la calificado de «buena noticia», y por los portavoces del PNV; mientras que desde el PP, por boca de su secretario general, Ángel Acebes, o los portavoces de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se haya interpretado como una clara claudicación frente a ETA.

La realidad es que el perfil del ex fiscal de la Audiencia Nacional ofrece pocas dudas en cuanto a que ha encarnado una inequívoca línea de dureza en la persecución del terrorismo y la kale borroka, que le convirtió en uno de los mayores exponentes de la firmeza judicial frente a la violencia etarra. Igualmente, su figura ha sido también inseparable de la persecución del crimen de Estado, liderando hace ya algunos años el grupo de fiscales cuya rebeldía frente a sus superiores les valió el calificativo de 'indomables'. Su papel en la extradición de Pinochet y sus tesis contrarias a la persecución en España de delitos de genocidio le granjearon, sin embargo, el rechazo de los sectores más 'progresistas'. Así, pretender explicar el relevo de una figura tan controvertida mediante la invocación de las meras razones personales, era una estrategia tan cómoda como inviable. Tan sólo han tenido que pasar unas horas desde que trascendiese la noticia para que el propio Cándido Conde-Pumpido haya tenido que explicar que la dimisión fue forzada por él mismo, ante las continuas muestras de deslealtad de su subordinado. Ha añadido el fiscal general que la pérdida de confianza y el deseo de tener al frente de la Audiencia Nacional a un hombre en sintonía con sus criterios, están en el germen de la crisis que ha acabado con el cese de Fungairiño. Pero el régimen jurídico de los fiscales jefes no conoce la remoción por pérdida de confianza del fiscal general. La invocada confianza es un mecanismo de legitimación de determinados cargos públicos que nada tienen que ver con la función constitucional del ministerio fiscal. Los fiscales jefes son nombrados por un período de cinco años, transcurridos los cuales pueden ser confirmados o relevados en el ejercicio de la jefatura. Si Cándido Conde-Pumpido tenía pruebas -y es probable que así sea- de la deslealtad de Fungairiño, debió hacer uso de ellas, no para forzarle a la dimisión -vocablo inexistente en el estatuto orgánico del ministerio fiscal-, sino para incoar un expediente disciplinario que acabara con su traslado forzoso. Si se acepta a partir de ahora que cualquier fiscal general -el de ahora y quienes le sucedan- puede conformar el organigrama del ministerio fiscal a su antojo, estaremos introduciendo una peligrosa grieta en la tarea constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.