EL pulso librado ayer entre Josep Piqué, presidente del PP en Cataluña, y la dirección nacional del partido ha escenificado las dificultades estratégicas con las que la formación que preside Mariano Rajoy está afrontando la reacción política a la segunda fase de la reforma del Estatuto de Cataluña. El cambio de estrategia de Convergencia y Unión, que con su sorprendente giro hacia el pragmatismo ha facilitado al presidente Rodríguez Zapatero presentar un principio de acuerdo que encauza de forma más razonable una reforma que inicialmente se saltaba claramente los límites constitucionales, va a obligar a la Ejecutiva del PP a replantear su oposición al proyecto para evitar que la discrepancia de posiciones termine convirtiéndose en una incongruencia política.

Entre el análisis del presidente del PP de Cataluña, destacando los cambios del proyecto estatutario respecto al original hasta el punto de señalar coincidencias con las propuestas iniciales del PP, y la decisión de la Ejecutiva nacional de impulsar una iniciativa popular para convocar un referéndum nacional sobre el Estatuto de Cataluña media un abismo; además de poner de relieve el enfoque tan dispar sobre la reforma estatutaria que existe en Madrid y en Barcelona. Sin embargo, queda fuera de toda duda que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña que fue aprobado por el Parlamento autonómico ha experimentado una profunda mutación tras ser negociado por el Gobierno y CiU. Si aquel texto era una propuesta rupturista, reclamaba una financiación muy semejante al Concierto Económico del País Vasco y proponía verdaderas cesiones de parcelas de soberanía bajo el manto del término 'nación', todo indica que lo pactado entre socialistas y convergentes, apenas conocido fragmentariamente en sus aspectos más esenciales, obedece ya a criterios más moderados.

En buena medida, esta mudanza ha tenido lugar por la presión ejercida sobre los negociadores desde la opinión pública y las fuerzas políticas, del Partido Popular en primer término. Precisamente por ello resulta difícil de entender que el PP, en lugar de reconocerse como promotor de esta decisiva transformación, mantenga empecinadamente la tesis de que nada ha cambiado, de que el proyecto ahora surgido sigue siendo igualmente inconstitucional y de que nada hay en él de aprovechable, de forma que ni siquiera merece la pena debatirlo para perfeccionarlo. El proyecto de Estatuto acordado entre el Gobierno y CiU presenta todavía, por lo que se conoce de él -y a falta de disponer de un texto articulado-, numerosos flancos polémicos que suscitan fundadas dudas que será necesario disipar durante el largo trámite parlamentario que comenzará dentro de poco en la Comisión Constitucional del Congreso. Y lo deseable sería que las fuerzas políticas, especialmente las dos grandes formaciones estatales, emprendieran un constructivo debate de depuración que asegurara no sólo la plena constitucionalidad del proyecto final sino también la preservación de la cohesión y de la solidaridad interterritorial, que podrían verse amenazadas por una excesiva descentralización o por concesiones asimétricas que resultarían contraproducentes.