El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Hacienda y Empleo, es el organismo que dictamina sobre una solicitud de extensión de convenio. La coincidencia de características socioeconómicas, la realización de un estudio jurídico y el respaldo del Consejo de Relaciones Laborales son pasos previos a la emisión del dictamen que, en todo caso, ha de resolverse en el plazo máximo de tres meses.

Carlos Ollero exige desde Comisiones Obreras la agilización de los procesos de extensión de convenios en casos en los que existe «ausencia de representación empresarial». Y denuncia el rechazo a las peticiones sindicales en pompas fúnebres, televisiones locales, y actividades deportivas y recreativas.

«Se trata de un procedimiento intervencionista no deseado desde el punto de vista de las relaciones laborales; lo mejor es que empresarios y sindicatos negocien su propio acuerdo», afirma Concha Arruga. La directora general de Empleo se defiende de algunas acusaciones sindicales: «El procedimiento para las empresas de tiempo libre, educativo y sociocultural se desestimó por no haberse aportado la documentación necesaria. Y en el caso de espectáculos y deportes, por existir un convenio nacional.»

«Estoy de acuerdo en que se trata de un procedimiento no deseado -admite Carmelo Cabezón-, pero la autoridad laboral es cicatera. Extender un convenio colectivo exige una voluntad política y no puede echarse atrás porque falte un sello. La inexistencia de una patronal con la que negociar un convenio debería provocar la extensión de un convenio de manera automática».

El sector de transporte de viajeros constituye un caso singular. El último convenio laboral se firmó en el año 1993 y no ha sido renegociado al disolverse la representación empresarial. Desde el sindicato UGT se aboga porque el sector recomponga la comunicación entre patronal y trabajadores del sector.