TRAS dos años de agotadoras peripecias, la negociación del Estatuto había llegado a una fase que desgastaba gravemente al Gobierno. Faltaba apenas el detonante que permitiera a CiU escenificar su adhesión y obtener cierta rentabilidad de su apoyo, que a corto plazo no le producirá réditos significativos pero que capitalizará en el futuro. De ahí que el presidente Zapatero, quien facilitó que un proyecto de máximos saliera aprobado del Parlament cuando parecía haber quedado atrancado en Barcelona decidiera ofrecer a los dirigentes de CiU, Mas y Duran, el mérito de consumar, antes que Esquerra, el 'acuerdo global' que ya garantiza, también matemáticamente, el futuro del Estatuto de Cataluña. Lógicamente, este gesto condescendiente tenía que irritar a ERC, como efectivamente ha ocurrido -Carod rechaza el acuerdo por «insuficiente»-, pero tal estrategia servía para garantizar el gran pacto transversal en Cataluña, el apoyo de las dos grandes fuerzas que se turnan al frente de la Generalitat. Era evidente que la gran fuerza nacionalista fundada por Jordi Pujol que ha sido referencia de centralidad durante las dos décadas de desarrollo autonómico catalán no podía frustrar el acuerdo con su intransigencia. De cualquier modo, y para complacer a CiU, el Gobierno ha reconocido -ya se verá con que efectos colaterales en las inversiones en otras comunidades- la 'deuda histórica' de Cataluña en infraestructuras, y ha asegurado su disposición a restañarla en siete años.

No se han divulgado aún los pormenores del pacto, que seguramente no está completamente cerrado todavía en los detalles, pero ya se conoce, a falta de una comprobación minuciosa cuando se publique el documento, que el Gobierno ha tratado de mantener la constitucionalidad de lo acordado. En lo referente al término nación, puesto que en el debate político se estaba asimilando 'nación' con 'soberanía' y a la vista de que un sector relevante de la opinión pública era partidario de no contaminar el artículo 2 de la Carta Magna con otras interpretaciones, el Gobierno no tenía más remedio que hacer lo que ha hecho: mencionar descriptivamente el concepto en el preámbulo para dejar constancia simplemente de un sentimiento de pertenencia. En el articulado se mantendrá el término 'nacionalidad'.

En lo relativo a la financiación, se cumplen los designios de Solbes y Cataluña se mantendrá en el marco de las autonomías de régimen general, por lo que se beneficiará como todas las demás comunidades de una 'cesta' de impuestos más amplia, que ha de concretarse multilateralmente, y en la que no figurará el impuesto de Sociedades, cuya titularidad seguirá correspondiendo al Estado en aras de la unidad de mercado; en dos años podría haber en Cataluña una única Agencia Tributaria, que sería generalizable a otras regiones.

Ahora llega el momento de hacer pedagogía y de cerrar heridas. Es claro que el proyecto ya consensuado contiene elementos de profundización autonómica que habrán de ser ponderados y probablemente adoptados por las restantes comunidades, en pro de la armonía y el equilibrio de un evolucionado Estado autonómico. Y una vez conseguido en Cataluña un texto acordado que disfruta de gran apoyo y que intenta conseguir no superar los límites de la Constitución vigente, el Gobierno de Zapatero no puede dejar de realizar un esfuerzo similar al que ha hecho con los nacionalistas para evitar la marginación del Partido Popular que representa una parte muy sustancial de la opinión española.