Batasuna mantenía en su querella que Grande-Marlaska había prevaricado al iniciar los trámites para acordar la suspensión de actividades del partido ilegalizado, dentro del sumario penal que se instruye desde el 2002 contra 41 dirigentes de la coalición. La presentación de la querella sirvió a Batasuna como principal elemento para intentar recusar minutos después en la Audiencia Nacional a Grande-Marlaska y abortar la prohibición del congreso.