Sagrario Loza ofreció hoy una conferencia de prensa en la que dio a conocer su opinión sobre el texto presentado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que, según dijo, supone que la Administración Central "se va a sumar a la política que el Gobierno de La Rioja hace desde tiempo".

Recalcó su "apoyo" a los principios del anteproyecto "la universalidad, igualdad y responsabilidad pública en la atención a personas más vulnerables" aunque "eso no significa que le demos una carta en blanco al Ministerio y no vamos a avalar un texto que suponga un retroceso a los derechos de los riojanos", recalcó.

Además mencionó su "profunda crítica a las formas" a la hora de presentar esta iniciativa "ya que las comunidades autónomas, pese a tener competencias y responsabilidad en la financiación hemos sido las últimas en conocerla, por detrás de empresarios y sindicatos que no ponen ni un euro".

Loza explicó que dentro del proyecto "hay cosas que con diálogo pueden corregirse" y destacó diferentes aspectos relacionados con la discapacidad, ya que "los discapacitados son los que de momento pierden con este proyecto, frente a las personas mayores".

Así, dijo, la propuesta no contempla la atención a niños discapacitados menores de tres años "y en eso vamos a ser inflexibles", aseguró; y tampoco permite acceder a diferentes servicios, como los centros ocupacionales públicos, a personas con una discapacidad inferior al 75 por ciento, lo que afectaría a enfermos mentales o con síndrome de Down, dijo.

Otro de los aspectos con los que el Ejecutivo riojano no está de acuerdo es con el hecho de no garantizar el acceso a las prestaciones a quienes no residan en España durante cinco años, mientras que en La Rioja el derecho se obtiene con tres años de estancia y a los discapacitados no se les exige ningún plazo.

Tampoco se incluirían en la futura Ley las subvenciones para ayudas técnicas -por ejemplo sillas de ruedas o camas articuladas- a discapacitados que ofrecen las comunidades.

Otra de las críticas que realizó la consejera fue el hecho de obligar a los cuidadores de personas dependientes que reciban ayudas -250 en La Rioja- a darse de alta en la seguridad social sin tener en cuenta la posibilidad que se ofrece en La Rioja a personas de más de 65 años de cuidar a su pareja o a mujeres trabajadoras de recibir esa subvención para contratar a otra persona o pagar un centro.

La consejera consideró que el texto propuesto incluye "guiños a la invasión de competencias de las comunidades" como el que un organismo de nueva creación sea el que decida sobre el catálogo de prestaciones.

Subrayó, también, que respecto a la financiación "hemos reclamado que se corrija un artículo en el que creemos que el Ministerio se compromete a aportar el 25 ó el 26 por ciento del coste de los proyectos mientras que el propio ministro ha hablado del 50%".

"Además no estamos de acuerdo con el modelo de financiación propuesto, por medio de convenios anuales, y eso no garantiza los derechos de los beneficiarios", dijo.

La consejera disintió con las previsiones de que en La Rioja se crearán 700 puestos de trabajo y se beneficiará a 8.000 personas, porque "nuestros cálculos son de llegar al menos a 10.000 personas" y respecto al empleo, "ahora sólo hay cantos de sirena", porque todo está pendiente de que se aprueben algunos servicios.

En este apartado consideró que la propuesta del Ministerio "estimula la iniciativa privada" para la concertación de plazas en residencias "un modelo que aplicamos en La Rioja, por el que nos ha criticado el PSOE de La Rioja y ahora nos dan la razón".

"Ahora todo el mundo busca ser protagonista de no se sabe qué, porque no sé de donde sacan los datos", aseguró la consejera, quien explicó que el Libro Blanco en el que se basa el anteproyecto de Ley contiene datos de 2004 "pero no la previsión de población a 2015".

No obstante, Loza aseguró que el Libro Blanco de la Dependencia "era más ambicioso" y "creó espectativas que luego, con esta Ley, no van a poder cumplirse", además de que en cuestiones financieras "nos piden garantías pero ellos -el Ministerio- sólo pone voluntad".

La consejera explicó que en 2006 el Ejecutivo regional invertirá 18,5 millones de euros en la atención a personas mayores -un 24,7% más que en 2005- y 7 millones para discapacitados -33,18 más-, mientras que esas políticas recibirán del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 693.000 y 74.000 euros, respectivamente.

Loza admitió que el Ejecutivo regional dispone de un estudio económico sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en La Rioja "aunque los números finales dependen de cómo se apruebe el texto" y hasta entonces no se hará pública la estimación.

Para los próximos meses comprometió "lealtad y respeto" en el trabajo para "ajustar esas cosas que nos preocupan" en una Ley que, según la previsión del ministerio, entraría en vigor en 2007.