Soto justificó la exigencia de un Real Decreto «compartido y unificador» en la posibilidad de que «puedan crearse 17 regímenes distintos, uno en cada comunidad». «La interpretación se deja al albur de cada una», advirtió. Y es que, en opinión del consejero, aunque el objetivo de reducir el número de fumadores que persigue la Ley es loable, no se han articulado instrumentos técnicos y legales para que las autonomías puedan aplicarla de forma correcta. «Ni se ha dejado un plazo de adaptación ni se concreta quién debe inspeccionar que la normativa se cumple», aseguró Soto.

Líneas de ayuda

La «imprevisión e imprecisión» que para el consejero marcan la iniciativa del Gobierno central no son sus únicas carencias. A su juicio, es necesario también que el Estado habilite líneas de ayudas a las comunidades autónomas para que éstas, a su vez, las apliquen en programas de apoyo para facilitar que los fumadores que lo deseen puedan dejar el hábito.

Mientras tanto, el Gobierno regional ha iniciado una ronda de conversaciones con los colectivos más afectados por la Ley Antitabaco con un fin: consensuar el reglamento de desarrollo. Un documento cuyo borrador estará redactado antes del 25 de enero, pero que no podrá aprobarse «antes de tres o cuatro meses». Además de las aportaciones de diferentes sectores, Soto recordó que una medida de este rango exige informes internos muy precisos y debe supervisarse por el Consejo Consultivo y el Económico y Social. «La Ley se limita a ser dura en lo coercitivo, pero no aclara su modo de aplicación», insistió.