El secretario general del PSOE de Logroño, Vicente Urquía, acompañado por el responsable del partido en materia de Desarrollo Urbano, Miguel Angel Prieto, presentó hoy en rueda informativa estas jornadas, que se celebrarán en el Ateneo Riojano y están abiertas al público.

En las jornadas participarán mañana representantes políticos, arquitectos, constructores, promotores y responsables de cooperativas, que ofrecerán su visión sobre la situación de la vivienda en Logroño, explicó Prieto.

Además, el sábado, visitará la capital riojana el director general de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Rafael Pacheco, quien presentará las propuestas de vivienda del PSOE.

También habrá una mesa redonda en la que intervendrán el concejal de Planificación Urbanística de Parla, Wilfredo Jurado, ciudad en la que se construirán unos 800 pisos protegidos en los próximos dos años; el portavoz socialista de Vitoria, Patxi Lazcoz; y el presidente de la Fundación de Derechos Civiles, Carlos García.

Urquía insistió en recordar el "varapalo político" que ha dado la Comisión de Urbanismo al Ayuntamiento de Logroño al recomendarle hacer una revisión del planeamiento urbanístico, frente a la modificación puntual que proponía el alcalde, Julio Revuelta.

En su opinión, "el Gobierno regional ha ganado el pulso político planteado por Revuelta, quien pretendía calificar suelo urbanizable para los próximos treinta años, con la previsión de 50.000 viviendas en más de 14 millones de metros cuadrados, una superficie similar a la que ya está construida en la ciudad, lo que supone una barbaridad".

Estos nuevos sectores se desarrollarían en función de los deseos de los promotores, quien además se beneficiarían por un incremento de los aprovechamientos, ya que en vez de 15 viviendas por hectárea si se aprueban estas normas se podrían construir hasta 75.

Esta iniciativa del alcalde supondría, según Urquía, "un descontrol absoluto y una anarquía en el crecimiento de la ciudad", que se ha vendido con el "señuelo" de construir un 30 por ciento de las viviendas de protección oficial.