Las ambiciosas declaraciones del presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea y canciller austriaco, Wolfgang Schüssel, declarando que la Constitución Europea no está muerta sino que simplemente no está en vigor, han sorprendido gratamente a muchos por cuanto nadie esperaba que Austria se marcase grandes objetivos para su presidencia semestral recién estrenada. Sin embargo, y pese a las loables intenciones austriacas de realizar un profundo debate sobre el futuro de Europa, lo que todos dan por seguro es que desde un punto de vista político la UE siga en su compás de espera hasta las elecciones presidenciales francesas del próximo año 2007, por muchas esperanzas que se hayan puesto incluso en el liderazgo de la nueva canciller alemana, Angela Merkel. Quizás por esto, la iniciativa austríaca -teniendo en cuenta que se trata de un país en el que el euroescepticismo está cada vez más presente y que se muestra muy crítico con las ampliaciones sucesivas de la Unión- ha resultado tan bien recibida como en buena medida inesperada.

Con su decisión de impulsar el proceso de ratificación del texto europeo, Schussel parece ignorar las sonoras negativas holandesa y francesa y la decisión de varios Estados miembros de posponer sine die la misma y, sobre todo, parece dispuesto a superar el bálsamo que supuso la «entrada» de la UE en el denominado «período de reflexión», que debía durar hasta otoño de 2006. Ahora bien, conviene no olvidar que el Gobierno de Viena no es nada proclive al rápido acercamiento de Croacia, Macedonia, Bosnia y Serbia a la UE, y en especial se opone radicalmente a cualquier posibilidad de una eventual entrada de Turquía. Y, precisamente, una manera de ralentizar las futuras ampliaciones es desenterrar la Constitución Europea y ponerla de nuevo encima de la mesa.

En realidad, el gesto austriaco habría que entenderlo-sin por ello desmerecerlo- en una doble vertiente: no sólo como una iniciativa favorable a la Constitución sino también, y muy especialmente, como un claro favor que Viena le hace al Gobierno de coalición de Merkel, el Ejecutivo más interesado en resucitar el pacto fallido y beneficiarse de un reparto de poder establecido en la Carta Magna muy beneficioso para Alemania; pero el texto de la Constitución, en su forma actual, produce intenso rechazo en varios Estados miembros y no sería democrático tratar de aprobar por la puerta de atrás algunas de sus partes, las que más favorecen a Alemania, ya que se trata de un pacto global que los 25 Estados miembros deben aprobar unánimemente para que entre en vigor.

De momento, Schüssel ha rechazado la creación de un núcleo europeo, en el que sólo participarían unos pocos países miembros de la Unión y ha preferido subrayar que su idea es «movilizar la energía, fantasía y las posibilidades todos los países miembros». Ciertamente, lo mejor que puede hacer la Unión de los Veinticinco es consolidar la ampliación de 2004 y trabajar para que las políticas europeas produzcan resultados beneficiosos para las sociedades de todos sus Estados miembros.