Vuelta a la autonomía

Sería elocuente que el ánimo de transitoriedad de Torra hiciera de la Generalitat una institución menos fructífera que el 155

La investidura de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat -gracias a la abstención de la CUP- dará paso a un nuevo gobierno y, por ello, a la retirada del artículo 155. La continuidad de la intervención del Gobierno sería incompatible con la constitución de un Ejecutivo autonómico legalmente establecido. La Administración central ha de dejar inmediatamente sin efecto la aplicación del 155, y el Senado devolver el autogobierno catalán a la situación previa. El contenido más que preocupante del discurso de Torra en la sesión plenaria del sábado, dando a entender que su intención es tomar las riendas de la Generalitat para poner en práctica el proyecto político que Carles Puigdemont no pudo hacer realidad al ser cesado en virtud del 155, no entraña por ahora decisión institucional alguna que contravenga la legalidad. Ninguna declaración de intenciones puede ser objeto de impugnación en el plano jurídico-institucional, aunque anuncie más despropósitos. La vigencia del 155 expira hoy, y una hipotética nueva aplicación de tal previsión constitucional requeriría una propuesta acorde a las circunstancias que se quieran corregir en ese eventual caso. Es muy probable que el independentismo se dejara llevar por su endogámica inercia entre septiembre y octubre del pasado año, creyendo que al poder central le sería dificultoso articular el 155. Sin embargo, pudo comprobar que tan excepcional decisión contó con una amplísima mayoría parlamentaria en las Cortes, y sin resistencias efectivas en las estructuras de la Generalitat. La aplicación del 155 se ha limitado al mantenimiento de la gestión ordinaria de los asuntos públicos, impidiendo el desarrollo de actuaciones que no estuvieran explícitamente recogidas en los presupuestos de la comunidad catalana. Una vez investido, la primera obligación que deberá llevar a efecto Torra es la del cumplimiento de la legalidad; también para evitar una nueva activación del 155, volviendo a la autonomía. Aunque por ello la CUP llegue a retirarle el préstamo que le brinda hoy. Antes de fiscalizar sobre lo que no se haya hecho o no se haya hecho bien desde el cese del 'gobierno Puigdemont', la Generalitat deberá poner en marcha programas que no vulneren las normas vigentes y restituyan la normalidad priorizando los intereses comunes a todos los catalanes. Sería elocuente que el ánimo de provisionalidad y de transitoriedad con el que Torra accede a la presidencia de la Generalitat hiciera de ésta una institución socialmente menos fructífera que la administración centralizada del 155.

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