Unidad y consenso para afrontar retos de futuro

«Una reforma no puede plantearse como un nuevo proceso constituyente sino modificar los aspectos necesarios pensando en todos los ciudadanos y en su bienestar, sin quebrantar el principio de igualdad, ni la soberanía nacional, ni la unidad del Estado»

Hoy, 6 de diciembre, se cumplen 39 años de la celebración del referéndum en el que los españoles ratificaron por amplia mayoría la Constitución Española, su norma fundamental. Esta Ley impulsada durante la Transición democrática ha garantizado la convivencia durante estas casi cuatro décadas y ha permitido el desarrollo de nuestro país y el progreso de nuestra sociedad.

La Constitución de 1978 nació con la voluntad de unir y, por eso, en ella se incluyeron las aportaciones de los representantes de todos los partidos políticos e ideologías presentes entonces en nuestra sociedad. Hubo mucho diálogo hasta concretar el texto definitivo y parte de su éxito ha sido, precisamente, ese consenso al que se llegó, clave también en otros muchos momentos importantes de nuestra historia.

Normas como la Constitución y otras leyes fundamentales, de gran calado para los ciudadanos, no pueden conformarse con mayorías exiguas, necesitan grandes acuerdos para su aprobación. No pueden depender de la voluntad del gobierno de turno porque si no estarán condenadas al fracaso. Sirvan como ejemplo los anteriores textos constitucionales que estuvieron vigentes en España desde 1812 hasta 1931.

La de 1978 fue una norma consensuada y, prueba de ello, es el importante apoyo que obtuvo en el Congreso y en el Senado durante su aprobación el 31 de octubre de 1978. Esta Ley, que nos hizo libres e iguales como ciudadanos y en la que están plasmados valores esenciales como el respeto a las leyes o la convivencia democrática, obtuvo también un amplio respaldo por parte de los ciudadanos, concretamente del 87,78 % de los españoles que participaron en el referéndum.

En aquella época, en plena Transición democrática, los españoles reivindicaron con fuerza a sus representantes políticos reformas de calado y cambios sociales que están recogidos en esta norma. Esta Ley propició, por ejemplo, el desarrollo del nuevo estado democrático e incluyó un amplio catálogo de derechos y libertades muy demandados en aquel momento por los ciudadanos.

Pero, además, la Constitución diseñó la España de las Autonomías, un modelo de Estado muy descentralizado, basado en la solidaridad y en la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio. Sin embargo, la actual división territorial, que reconoce y garantiza el artículo 2 de nuestra Constitución, solo puede ser entendida bajo el fundamento de la unidad del Estado y el principio de soberanía nacional.

Las comunidades autónomas han acercado servicios a los ciudadanos y han permitido legislar teniendo en cuenta las peculiaridades de cada región y las necesidades de su población. No cabe duda de que el modelo autonómico ha sido beneficioso para nuestro país pero, tres décadas después de la creación de las autonomías, debemos evaluar su funcionamiento para poder mejorarlo y modernizarlo.

Con este cometido trabaja desde el pasado mes de noviembre la Comisión Territorial, creada en el Congreso de los Diputados, pero sin olvidar los principios de solidaridad entre regiones e igualdad de los ciudadanos plasmados en el Título VIII. Los cambios en nuestro modelo territorial deben plantearse pensando en el interés general de todos los ciudadanos y con el objetivo de reforzar la cohesión territorial para fortalecer el Estado.

Los individualismos nos debilitan y solo desde la unidad podremos afrontar con éxito los problemas y los retos de futuro para seguir progresando como país y continuar trabajando en nuestro proyecto común: Europa. Un proyecto que da voz a nuestras regiones y que ha contribuido a su desarrollo, eliminando fronteras y proporcionando a los ciudadanos numerosas ventajas.

La unidad y el consenso volverán a ser imprescindibles si, finalmente, se decide abordar la reforma de la Constitución, porque sin un acuerdo de máximos no conseguiremos un texto con las mismas garantías y éxito del actual. De hecho, la propia norma establece, como mínimo, una mayoría de tres quintos para su modificación en ambas Cámaras.

Una reforma que, en todo caso, no puede olvidar los puntos fuertes de esta Ley ni plantearse como un nuevo proceso constituyente sino modificar los aspectos necesarios pensando en todos los ciudadanos y en su bienestar, sin quebrantar el principio de igualdad, ni la soberanía nacional, ni la unidad del Estado.

Mientras tanto, vamos a seguir festejando su aniversario y celebrando los éxitos que ha supuesto para nuestro país y para todos nosotros.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos