Todos contra todos

La legislatura parece retrotraerse a los momentos previos a la investidura de Mariano Rajoy. El partido que le apoyó -Ciudadanos- marca claras distancias respecto al Gobierno; y la formación que se abstuvo internamente dividida -PSOE- opta por acentuar su oposición. En buena medida, se trata del reflujo provocado por la unidad constitucionalista en torno al 155; y, especialmente, es consecuencia del ascenso electoral del partido de Albert Rivera en Cataluña y en las encuestas. Aunque el 'todos contra el PP' presenta una segunda derivada en la pugna que cada sigla mantiene con las demás, sin exclusión. Desde el punto de vista político, lo ocurrido hasta ahora parece indicar que los grupos de oposición están poniéndole las cosas difíciles al PP sin que tengan un interés manifiesto en que se disuelvan las Cortes. Y como si, enfrente, Rajoy estuviera seguro de que quienes levantan el cerco a distancia nunca se pondrán de acuerdo en precipitar un adelanto electoral. La democracia liberal está encarnada en el Parlamento, pero está ideada para que el Parlamento no pueda legislar en contra o a pesar del Gobierno de turno. Algo que obliga al PSOE, Ciudadanos y Podemos a decidirse sobre si quieren prolongar la legislatura o prefieren abocarla a unos comicios generales que se adelanten a las autonómicas y locales de 2019. Aunque la responsabilidad principal no es suya, sino del Gobierno y del PP. Porque el problema estriba en que la España institucional está atravesando una parálisis que afecta al país en su conjunto, sin que la evolución de los acontecimientos en Cataluña deban subsumirlo. Es el desafío al que Rajoy rehúsa atender.

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