El testigo Rajoy

Es relevante que el presidente tenga que colaborar en el escrutinio de los tribunales a la financiación ilegal de su partido

Mariano Rajoy testificará este miércoles en el 'caso Gürtel', a instancias de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que ejerce la acusación popular, y después de que el tribunal aceptara la petición en tal sentido de su representante, el abogado Mariano Benítez de Lugo, que será quien formule el grueso de las preguntas relacionadas con la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005), una historia de corrupción mediante la cual se financió presuntamente el Partido Popular. Rajoy no comparece como presidente de Gobierno, sino como alto cargo del PP en la época en que sucedieron los hechos. La llamada a declarar a Rajoy como testigo es pertinente ya que el actual jefe del Ejecutivo fue en 2003 secretario general del PP durante un corto periodo de tiempo, hasta convertirse en presidente del partido en 2004 por designación directa de Aznar. Y ya pasaron por el mismo trámite los restantes secretarios generales de la época, Acebes, Arenas, Álvarez Cascos, Rato... Además, Rajoy fue jefe de varias campañas del PP en el periodo y Bárcenas ha declarado que el yerno del empresario Joaquín Molpeceres, que habría contribuido a la 'caja B', fue quien alertó a Rajoy de que Correa usaba el nombre del PP para recaudar, lo que provocó su despido. Es de imaginar que la acusación indague sobre todas estas cuestiones y que se extienda a otros asuntos aledaños, como el posterior fichaje de Correa, a través de Orange Market, por el PP valenciano cuando ya había sido expulsado de Madrid. Es previsible que Rajoy mantenga sin vacilaciones el discurso de sus compañeros, que ya han dado a entender que la financiación del PP se mantenía al margen de la acción política, por lo que la responsabilidad por la corrupción ha de imputarse a los tesoreros (Naseiro, Sanchis, Lapuerta, Bárcenas). Es sin embargo relevante que incluso el presidente del Gobierno tenga que colaborar en el escrutinio de los tribunales a la financiación ilegal de su partido, por más que resulte decepcionante la tesis de que tal práctica es un asunto técnico que incumbe a los contables y no una deriva política que debería generar una amplia responsabilidad política en cascada. Sea como sea, los escándalos están en vía judicial y es claro que la opinión pública no toleraría en silencio que lo ocurrido no disuada ya para siempre a la clase política de cualquier tentación de volver a las andadas.

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