Tabarnia como nación

ANTONIO ÁLAMOS OLMOS

La idea de Tabarnia -el conjunto formado por las regiones de Tarragona y de Barcelona como nación separada de Cataluyna-, aun considerada como simple experimento mental, coloca al separatismo ante su propia incongruencia y muestra inviable el principio individualista de autodeterminación nacional. Ya el concepto mismo de nación es impreciso y disputado. Una nación es una colectividad sin límites ciertos y, como tal, no puede fundamentar un derecho exclusivo a separarse. Las razas y las culturas se encuentran hoy entremezcladas como efecto del devenir de la historia. El elemento objetivo del concepto de nación -origen común, cultura peculiar- se diluye; sólo queda el componente subjetivo: sentimiento de pertenencia y voluntad de vida en común; voluntad que se manifiesta en el deseo de votar, en el proclamado 'principio democrático': ¡queremos votar!, votar para dejar clara nuestra voluntad de separarnos.

Pero el ejercicio democrático de votar supone un Estado constituido con sus propias normas de funcionamiento. El derecho de votación democrática se da siempre dentro de un Estado y por el cauce que sus propias leyes determinan; es el procedimiento logrado para resolver de manera civilizada los problemas de la polis. Aplicado de manera individualista y al margen de la legalidad establecida haría inviable cualquier forma de comunidad política avanzada; se convertiría en un principio de autodestrucción, como lo muestra la idea misma de Tabarnia. Por eso los Estados no lo toleran, aseguran su propia integridad; no pueden estar siempre en riesgo de disolución; necesitan continuidad estable para poder cumplir su alta función; garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de sus ciudadanos requiere planificación y ejecución a largo plazo. Una vez constituido, el Estado se rige por la voluntad colectiva del todo.

El separatismo va contra la marcha de la historia, que tiende a formar unidades políticas cada vez más amplias para mejor conseguir el bienestar y la satisfacción de todos los derechos de los ciudadanos. El separatismo es enemigo de la prosperidad; la división política es causa de retroceso y empobrecimiento, como quedó evidenciado en la descomposición de la monarquía austro-húngara: todos los Estados resultantes sufrieron grandes pérdidas económicas y un retraso en su nivel de vida. Y es fuente de discordia y animadversión entre los pueblos; deja entrever un egoísmo irreflexivo, que no quiere considerar la dependencia mutua entre las regiones y cómo la riqueza de unas se debe en gran medida a disposiciones políticas tomadas por el Gobierno central a lo largo de la historia y a la cooperación de las otras, aunque no sea más que en la condición de mercados cautivos. Ninguna ilusión privada puede justificar las perturbaciones y el descenso de prosperidad que el separatismo ocasiona.

La Conferencia Episcopal Española se expresaba así, en el año 2002, a propósito del nacionalismo totalitario: «Las naciones, aisladamente consideradas, no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. (...) Resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad. La doctrina social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión».

«España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable».

«La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia. (...) Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria».

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