Año a superar

2017 deja 2018 en manos de la política, ya que la incertidumbre catalana amenaza con abocar al país en su conjunto a un crecimiento insuficiente

El año 2017 estaba llamado a confirmar la salida de la crisis y la recuperación de niveles de empleo y capacidad de consumo que procurasen el bienestar a una amplísima mayoría de la sociedad. La superación de una larga fase de inestabilidad política, tras las elecciones generales de 2016, brindaba la oportunidad de aprovechar los recursos públicos al máximo para dar inicio a una etapa de prosperidad. España se mostraba, a inicios de año, como un país en el que se podía confiar. Aunque sus expectativas de crecimiento dejaban al aire el flanco débil de una generación de empleo insuficiente y precario. Todos los organismos internacionales coincidían en esa apreciación dual, entre una economía que se recupera pero no es capaz de distribuir socialmente la salida de la crisis. Pero una 'crisis de Estado' ha desbaratado el balance del año en su cuarto trimestre. La sujeción del gobierno de la Generalitat a un independentismo a ultranza introdujo el 1 de octubre un factor desconocido en las democracias de nuestro entorno: el desbordamiento institucional de la legalidad. La aplicación del 155 fue la respuesta ineludible. Aunque la convocatoria de los comicios del 21-D reflejó una representatividad en votos y escaños análogo a septiembre de 2015, dando continuidad al clima de inestabilidad, es inimaginable qué hubiera ocurrido si la situación en Cataluña hubiese continuado por los derroteros de la declaración unilateral de independencia. El secesionismo recurrió, durante la ausencia de una mayoría de gobierno en España, al argumento de que el Estado era una realidad poco menos que fallida. Luego, en 2017, persiguió el objetivo de extender la inestabilidad al conjunto del país; cosa que ha logrado en parte, puesto que el traslado de empresas de raíz catalana a otras comunidades se ha visto acompañado por una reducción general de las expectativas de crecimiento. Es el preocupante legado que 2017 deja para 2018, teniendo en cuenta que los principales aspirantes al gobierno de la Generalitat -la mayoría parlamentaria independentista- no cejan en su propósito de dar continuidad a la deriva rupturista de octubre pasado o, cuando menos, no corrigen expresamente tal rumbo. El año que hoy se acaba deja 2018 en manos de la política; de la que se realice en Cataluña en términos de regreso a la legalidad, pero también de la capacidad que muestre el Gobierno Rajoy para sacar adelante los presupuestos del ejercicio entrante y para dar cauce a un nuevo modelo de financiación autonómica. O se supera la incertidumbre política o el país puede verse abocado a un crecimiento deprimente.

DEMOCRACIA LIBERAL. En 2017 Donald Trump accedió a la Casa Blanca, tras unas elecciones que todavía hoy son motivo de controversia en cuanto a la influencia de la desinformación en el comportamiento de los votantes. La primera potencia del mundo pasó a manos de un directorio improvisado a impulsos populistas. Un directorio que ha acabado 2017 anunciando que la embajada estadounidense en Israel se trasladará a Jerusalén como reconocimiento de capitalidad sobre el Estado judío. Pero el problema final no está en la discutida figura del presidente de Estados Unidos. Él forma parte de una corriente de fondo que, en distintas partes del mundo, pone en solfa la vigencia de la democracia liberal, pluralista y garantista, como factor armonizador para el conjunto del planeta. Está en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio, en la influencia creciente del régimen de China y su poder económico, en el cuestionamiento de las libertades en países formalmente democráticos, y en los síntomas de regresión que viven socios de la Unión Europea como Polonia o Hungría, así como en las reacciones xenófobas e insolidarias suscitadas por la imparable corriente migratoria de sur a norte.

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