Sobre el llamado MIR educativo

«El docente es la clave del sistema educativo y debe estar en el centro de las políticas, siendo un agente participativo y determinante en el futuro pacto educativo»

Aunque desde el año 2009 está sobre la mesa la intención de establecer un MIR educativo para la selección del profesorado, es ahora, y dentro de las negociaciones para alcanzar un pacto educativo, donde el debate se ha reactivado, tratando además otros aspectos de vital importancia para la Educación como la financiación, el profesorado, el papel de la escuela concertada o la religión como asignatura.

Hasta ahora la formación de los docentes es la siguiente: para maestros que impartirán clase en Infantil y Primaria, en su plan de estudios tienen un prácticum donde aprender la práctica docente en el aula, pero que cuenta con el inconveniente de que está masificado por el elevado número de estudiantes y muchas veces no se valora la importancia práctica que tiene. Para profesores que darán clase en Secundaria, después de sus estudios superiores, deben realizar el Master de Secundaria de un año donde aprenden cuestiones relacionadas con la práctica docente, como la atención a la diversidad o la orientación educativa entre otras.

Estos maestros y profesores ya pueden ejercer como docentes si son elegidos por la dirección de un centro, en el caso de la enseñanza concertada o privada, o, de forma provisional en la enseñanza pública, ya que, para acceder a una plaza como funcionario deben aprobar una oposición y superar de manera satisfactoria su año de prácticas.

Dentro de este modelo actual, la propuesta de establecer, además, un MIR educativo en la selección de docentes, debe encuadrarse dentro de un marco más amplio, como es una ley de la profesión docente y un estatuto que la desarrolle. Es ahí donde debe definirse no sólo la selección y requisitos para el acceso a la docencia, sino también aspectos como su formación inicial y continua, su desarrollo laboral a través de la carrera profesional, su motivación e incentivación, sus retribuciones, su figura como autoridad pública y sus condiciones de jubilación. Es evidente que, para atraer a los mejor preparados, no basta con establecer criterios de selección exigentes, sino que también hay que crear incentivos para que el ejercicio de la docencia sea una salida profesional atractiva para nuestros titulados universitarios. Sirva el ejemplo de Finlandia, donde un alto porcentaje de los mejores expedientes académicos eligen la docencia, y además, todo el Sistema Educativo se basa en la enseñanza pública, no habiendo centros concertados.

Este MIR de dos años de duración, común para todo el territorio nacional, no sólo debería valorar los expedientes académicos de los candidatos, sino también aspectos como su actitud, madurez personal y motivación. Además, debería servir para conseguir una formación práctica docente adecuada y de calidad, formación en aspectos tan importantes como la convivencia escolar, el manejo de situaciones de acoso o la motivación del alumnado. Por otro lado, las Administraciones Públicas deberían hacer una previsión, al igual que lo hacen en Sanidad, del número de vacantes necesarias para el Sistema Educativo, incluyendo a la escuela pública y a la concertada, para que guardara cierta relación con el número de plazas que se ofertan en los estudios de Magisterio y en el Máster de Secundaria.

Es importante señalar que esta negociación sobre el MIR debe hacerse de cara al futuro, ya que hasta 2022 está establecido el sistema de acceso a la función pública docente, que debe contar la participación de los representantes del profesorado y, desde luego, debe respetar la situación jurídica de los profesores que ejercen la docencia en la actualidad.

El docente es la clave del sistema educativo y debe estar en el centro de las políticas educativas, siendo un agente participativo y determinante en el futuro pacto educativo. Si esto no se aborda desde esta perspectiva, se habrá perdido una gran oportunidad para que este pacto sea un pacto de todos, duradero y del que surja una ley de educación de calidad y común para muchas generaciones futuras.

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