Un sistema de pensiones con piloto automático

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha puesto encima de la mesa una propuesta para que los futuros jubilados puedan ampliar su período de cálculo de la pensión a toda su vida laboral de forma voluntaria. Aunque la forma en la que se ha dado a conocer la propuesta, a través de una entrevista en TVE, ha sido descoordinada y poco concreta -algo que ha causado descontento en CCOO y los portavoces del resto de grupos parlamentarios- esta medida, aún sin elaborar, supondría una mejora sustancial para el carácter contributivo y social del sistema. Aun así, no parece que, para la ministra, la sostenibilidad del sistema a largo plazo sea un problema: ha dicho que va a pagar más, pero no sabemos aún de dónde saldrá el dinero para hacerlo.

Cabe preguntarse, antes de nada, dónde estamos ahora. Antes de la reforma del sistema de pensiones de 2011, el período considerado para el cómputo de la pensión era de 15 años. Es decir, que la cuantía de tu pensión dependería de la cuantía de las cotizaciones inmediatamente después de los 15 años anteriores al momento de jubilación. La reforma de 2011, llevada a cabo por el Gobierno del PSOE y con el apoyo de CiU, amplió este período a los 25 años (con un incremento de un año por cada año hasta 2022).

El problema principal de considerar un número de años establecido para el cálculo de la pensión menor a la totalidad de la cotización, como se ha hecho hasta ahora, es que limita el carácter contributivo del sistema, ya que la pensión que recibe un individuo no se corresponde a la totalidad de su contribución sino a la contribución de los años inmediatamente anteriores a su jubilación.

Esto inevitablemente beneficia a aquellas personas que hayan tenido una carrera con salarios incrementales -que suelen ser, justamente, los que tienen mayores salarios-. La crisis económica y el gran aumento de la tasa de paro agravó este problema, ya que un elevado número de personas con un nivel de cotizaciones estables a lo largo de su vida laboral se vio en el paro, sin salario y, por lo tanto, sin poder cotizar para su jubilación. A ello se le suma una situación de incertidumbre e impotencia: la probabilidad de volver a trabajar a medida que un individuo se hace mayor disminuye significativamente, sobre todo cuanto más cerca se esté de la edad de jubilación. Se puede decir, por lo tanto, que esta reforma supondría una mejora en cuanto a la contributividad del sistema y, sobre todo, supondría una medida con profundos efectos redistributivos en un mercado de trabajo donde el paro es más norma que excepción.

Sin embargo, en un contexto en el que, según el Banco de España, el sistema de pensiones tendrá que soportar el doble de pensionistas con una mayor cuantía de pensión media y con (en el mejor de los casos) un igual número de cotizantes sobre 2045, esta propuesta supone un parche a un problema que podría poner en peligro la totalidad de la Seguridad Social si no se toman medidas estructurales. Sin ir más lejos, el pasado noviembre, el Gobierno anunció por primera vez desde los años noventa que tendrá que endeudarse para poder pagar las pensiones, lo que implica que la conocida 'hucha de las pensiones' ha pasado ya el umbral negativo en términos de saldo neto. Es pertinente preguntarse, por lo tanto, de dónde, o en detrimento de quiénes, piensa el Partido Popular sacar el dinero para pagar esta reforma del sistema de pensiones.

La solución que han planteado ya un gran número de economistas, como J. Ignacio Conde Ruiz, es la de crear un sistema de pensiones basado en las cuentas nocionales, algo que se puso por primera vez en marcha en Suecia en los años 90, y que ya han adoptado países como Italia. Este sistema, que se basa en un sistema de pensiones de contribución definida donde cada individuo tiene una cuenta virtual en la que deposita sus contribuciones cada mes, la cuantía de la pensión recibida depende de las contribuciones que se hayan hecho al sistema durante toda la vida laboral de un individuo, que luego se convierten en pagos anuales. El beneficio de este sistema es que evita que los políticos aplacen reformas necesarias o que utilicen el sistema de pensiones de forma electoralista e irresponsable, como ya se ha visto, ya que la sostenibilidad del sistema se garantiza siempre por cómo está construido. Aunque la propuesta de la ministra da un paso hacia un sistema de pensiones más justo, lo que necesita el sistema de pensiones español no son parches a un problema tan grave, sino un sistema que garantice su sostenibilidad en el largo plazo, que sea justo y que evite los juegos políticos para ganar votos. Lo que necesitamos es un sistema de pensiones con piloto automático, que se actualice automáticamente dependiendo de la sostenibilidad del sistema a la vez que garantiza un carácter contributivo e inequívocamente social.

Esto es lo que garantizarían las cuentas nocionales. Esperemos que el Pacto de Toledo proponga medidas en esta dirección.

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