Severidad judicial

La prisión incondicional decretada para los exconsejeros de Puigdemont sacude un clima político ya muy tensionado

La jueza Carmen Lamela decretó ayer prisión incondicional para los consejeros destituidos del Gobierno de la Generalitat -incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras- que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional. La magistrada ha hecho suyos, en lo sustancial, los argumentos expuestos de la Fiscalía, que también ha solicitado la detención de Carles Puigdemont y los otros cuatro exmiembros del Ejecutivo catalán autoexiliados en Bruselas. Al justificar una medida cautelar tan dura, el auto judicial subraya la gravedad de los delitos investigados -entre ellos, el de rebelión- y el «alto riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas». La jueza ha optado por una interpretación muy severa de los hechos encausados a la luz del Código Penal, lo que no resta fundamento jurídico a su escrito. Es presumible que la actitud mostrada por Puigdemont ha hecho un flaco favor a sus excompañeros de gabinete. Al tratar de ponerse a salvo de la actuación judicial con una huida al extranjero, negarse a comparecer ante la Justicia en la fecha señalada (ayer) y cuestionar las garantías del procedimiento abierto en su contra, el expresidente de la Generalitat incrementó la sospecha sobre las intenciones últimas de los declarantes. Además, la negativa de estos a responder a otras preguntas que no fuesen las de la defensa pudo resultarles perjudicial. Hay dudas razonables sobre la existencia de un plan milimétricamente concertado para la «rebelión» y para esquivar, posteriormente, la acción de la Justicia tras la secuencia de ilegalidades cometidas o patrocinadas por los encarcelados en su desafío independentista. Pero el desarrollo de los acontecimientos proyecta una imagen tan próxima al relato avanzado por la Fiscalía que no es fácil argüir contra la decisión de la jueza con la teoría de que los investigados eran inconscientes de la trascendencia y la naturaleza ilegal de sus actos. Con arreglo a Derecho, podían merecer también una calificación menos grave. Lamela tenía margen para facilitar su libertad relativizando los riesgos señalados. Pero en ningún caso cabe defender esto último mientras se niega sentido jurídico a la decisión adoptada por la Audiencia Nacional. Es evidente que los integrantes del Gobierno de la Generalitat ya cesado hicieron política; pero la hicieron sin respeto alguno a las normas que dan sentido al marco constitucional y estatutario, cuando preservarlo era su cometido básico.

ASEGURAR LA CONVIVENCIA. La crisis de Estado provocada por el independentismo catalán vuelve a solapar el plano de las iniciativas políticas con el de la intervención de fiscales y jueces. De ahí que la orden de prisión incondicional no resulte inocua en un clima de sentimientos encontrados y de enorme tensión. Pero conviene recordar que la actuación de la Justicia nada tiene que ver con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por eso mismo es imprescindible que todas las formaciones y plataformas que se sientan directamente concernidas por el auto judicial no caigan en la tentación de crispar un ambiente ya suficientemente enrarecido. Sería irresponsable emplear la orden de prisión para enconar aún más la confrontación política y social ni en Cataluña ni fuera de Cataluña. Es absolutamente lícito discrepar de forma radical con la decisión de la jueza o solidarizarse con los encarcelados. Pero resulta obligado respetar el Estado de Derecho en su funcionamiento ordinario y evitar pronunciamientos y manifestaciones que puedan afectar negativamente a la convivencia.

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