Una sentencia demoledora

El fallo de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel emplaza al PP a asumir sus errores del pasado si quiere tener futuro

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los máximos responsables de la trama Gürtel a un total de 351 años de cárcel, incluye entre los mismos al extesorero del PP Luis Bárcenas y señala a ese partido como beneficiario a título lucrativo de sus actividades demuestra que la Justicia no se arredra ante el poder político en nuestro país. A la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo ante los recursos ya anunciados, es lógico pensar que la opinión pública ha recibido el fallo como una decisión acorde al relato de las escandalosas connivencias entre corruptores y corrompidos que se han ido detallando en los últimos años. A la ilicitud del lucro obtenido gracias a la apropiación de patrimonio o de atribuciones públicas se le suma el enorme daño causado a la credibilidad de las instituciones, por lo que es de esperar que la sentencia contribuya a restablecer la confianza ciudadana en el sistema democrático. La lentitud de un procedimiento garantista se ve incrementada cuando las personas e instancias afectadas hacen lo posible por dilatarlo al sustraerse a una mínima colaboración con la Justicia. Por eso, la sentencia de ayer alcanza un especial valor. Porque los encausados han realizado un denodado esfuerzo por ocultar pruebas, por tentar a la Fiscalía con ofertas y advertencias y por trivializar el oprobioso negocio en que se basaba la Gürtel, como si el asalto al erario público formara parte de los usos habituales en la contratación con las administraciones y con los partidos representados en ellas. El fallo apunta al PP por un triple motivo. Sin duda, porque aparece como beneficiario de una red de malversaciones, cohechos y prevaricación. Hasta el punto de que la Audiencia Nacional se adelanta al procedimiento que se sigue sobre la presunta existencia de una 'caja B' en el partido al dar por sentado que funcionaba por lo menos desde 1989. El tribunal cuestiona así la credibilidad de Mariano Rajoy, quien negó esa contabilidad opaca en una declaración como testigo. También porque la trama fue urdida en toda su extensión a cuenta del poder y de la capacidad de influencia de cargos públicos populares, sin que los responsables máximos del partido actuaran con la diligencia y el sentido ético debidos para depurarlos. En tercer lugar, porque el discurso aplicado esta semana a la detención del exministro Eduardo Zaplana y en general a los casos de corrupción de que forman parte del pasado no concuerda con el hecho de que el PP fuera ayer el primero en anunciar un recurso al Supremo. De esa forma, expresa su negativa a aceptar que sus antiguos dirigentes pudieron dejarse tentar por la corrupción orquestada entre Francisco Correa y Bárcenas.

PRESERVAR LA ESTABILIDAD. A la espera de que el PSOE deshoje la margarita sobre una posible moción de censura a raíz de la sentencia, Rajoy avanza en la legislatura con lo mínimo indispensable: la aprobación de los Presupuestos de este año. Los sobresaltos políticos que los casos de corrupción ligados al PP provocan son una fuente de desgaste continuo para un Gobierno necesitado de apoyos y erosionado día a día por el pasado popular. Un goteo incesante que hace ya tiempo desbordó el recipiente de la aquiescencia de los incondicionales. Con la aprobación de las Cuentas, el presidente se hizo acreedor a permanecer dos años más en el cargo sin convocar elecciones. Él y su formación han de ser conscientes de que esos dos años pueden acabar siendo letales para el PP y desestabilizadores para España. A estas alturas más le valdría al PP asumir sus fallas de ayer si de verdad quiere recuperarse para mañana.

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