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SEGURO AGRARIO

JUAN QUINTANA

Martes, 12 de septiembre 2017, 23:56

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En nuestro país, debido a la enorme diversidad climatológica, agrícola y ganadera, existe una amplia casuística de riesgos. Estos casos producen un importante ruido mediático que a veces oculta el enorme valor que aporta a nuestros agricultores y ganaderos.

La realidad es que el seguro agrario español tiene un alto nivel de desarrollo, que lo sitúa solo por detrás de EEUU y Canadá. Esta posición de referencia se basa, no solo en la gran variedad de riesgos que cubre, si no también en el volumen de las producciones aseguradas.

En España, el seguro agrario opera a través de la sociedad anónima Agroseguro, un pool de coaseguro que integra a 22 entidades. Otra pieza fundamental del sistema es la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) encargada de gestionar las subvenciones estatales a fondo perdido que se conceden a los titulares de explotación para costear las pólizas. Dicha ayuda depende del riesgo cubierto, pero de media puede rondar el 40% Son subvenciones que provienen mayoritariamente del Estado y, en menor medida, de las comunidades autónomas.

En el marco de la Política Agraria Común 2014, varios países, como Francia, Italia o Hungría, pusieron en marcha sistemas de seguros agrarios subvencionados y cofinanciados con fondos europeos, lo que les condiciona la compensación a un máximo del 70% del valor asegurado. Una limitación a la que España no está sujeta, al tratarse de fondos nacionales.

España es el estado miembro de la UE que cubre el mayor número de riesgos diferentes. Tres de ellos son muy característicos de nuestra climatología: sequía, heladas e inundaciones, susceptibles de producirse de forma recurrente en la mayoría de los territorios y que pueden afectar a buena parte de las producciones. Por ejemplo, la sequía es un riesgo clave, que únicamente en Italia y Francia tiene cobertura, y solo para determinadas producciones. Todo ello ha supuesto que en nuestro país se haya alcanzado el mayor nivel de penetración, que ronda el 50%, mientras que en el resto de países no supera el 20-30%.

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