Reserva sin fondo

El recurso a las finanzas generales del Estado para solventar dificultades de la Seguridad Social demanda consenso

El Tesoro Público colocará este año 15.000 millones de euros en la Seguridad Social para que esta pueda abonar las pensiones asegurando las pagas extraordinarias de junio y diciembre, después de que en 2017 le concediera un préstamo de 10.100 millones. El objetivo inmediato que persigue el Gobierno es dejar intactos los 8.095 millones que le quedan al Fondo de Reserva, tras recurrir a él por valor de 70.851 millones en los últimos siete años. La operación es algo más que cosmética, porque compromete a las finanzas del Estado en su conjunto con las dificultades que atraviesa el sistema de Seguridad Social, dado que las cotizaciones no alcanzan a sostener los derechos adquiridos por un número creciente de jubilados, con pensiones especialmente altas para las personas que se han incorporado más recientemente a ese colectivo. Al Gobierno de Rajoy le ha tocado afrontar una situación que, con esas u otras cifras, hubiera tenido que sortear cualquier otro Ejecutivo. Pero, aunque anunciando la inyección de fondos a la Seguridad Social dentro de los planes que el Tesoro Público maneja para este año se haya disipado en parte el problema de fondo, no parece en absoluto recomendable soslayar el desequilibrio estructural que aflora en el sistema o consignarlo, sin más, como parte del paisaje de incertidumbres que anuncia el futuro próximo. De entrada, el recurso a las finanzas generales del Estado para solventar dificultades nada pasajeras de la Seguridad Social -vía Tesoro o vía recaudación fiscal- debe ser objeto de una puesta en común parlamentaria, porque trasciende por su naturaleza y alcance a la elección de un Gobierno. El problema es de tal calibre que no permite ni posturas evasivas o dilatorias ni pronunciamientos demagógicos. Tampoco basta con procurar el pago de las pensiones año a año a cuenta del Tesoro, porque ello sería tanto como certificar la crisis final del sistema sin atajarla realmente. No hace falta ser catastrofista para predecir que ni la mejora posible de la situación económica podrá devolver la Seguridad Social al punto de equilibrio de hace diez años.

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