Recta final

La arbitrariedad independentista hace que el secesionismo no pueda seguir hablando en nombre de la mayoría

El 'proceso' secesionista impulsado por el independentismo catalán ha entrado en su recta final de cara a la fecha señalada para la celebración de un referéndum ilegal, mientras que sus promotores tratan de alentar el enigma de sus intenciones inmediatas posponiendo la tramitación parlamentaria de las dos iniciativas legislativas -la que convoca el 1-O y la que articula la 'desconexión'- para que no puedan ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central. Su propósito sería reducir al máximo la capacidad de respuesta del Estado constitucional, dejando para el último momento la adopción de decisiones institucionales de la Generalitat que puedan ser invalidadas legalmente. Aunque el independentismo sabe perfectamente que retrasando la formalización de sus planes acaba, también, empantanando un 'proceso' tan excluyente como falto de coherencia. Cada día resulta más claro que no habrá referéndum, ni siquiera ilegal. Los movimientos secesionistas, como el de la constitución de una 'asamblea de electos', parecen dirigidos si acaso a la reedición del 9-N mediante una consulta improvisada y militante de la que no podrá hacerse cargo el gobierno de la Generalitat. El independentismo catalán estaría interesado en que el Ejecutivo Rajoy tomase la delantera con el anuncio de medidas precisas que afronten el desafío rupturista. De ahí que el secesionismo institucional se muestre desconcertado porque ya ha agotado todo su discurso victimista, sin que Madrid le provea de más argumentos reactivos a menos de un mes del día fijado para el pulso final. Más que el criterio de «moderación y proporcionalidad» que maneja el Gobierno del PP en sintonía, en este punto, con Ciudadanos y PSOE es la paciente espera a los movimientos de Junts pel Sí y la CUP lo que descoloca a la mayoría de gobierno en Cataluña e impacienta a las entidades cívicas, que no disimulan su ánimo fiscalizador sobre las instituciones y los partidos convocantes del 1-O. Lo que desbarata el intento secesionista no es que la Ley sea ineludible o la propia existencia del Tribunal Constitucional. Es que cada enunciado independentista revela la naturaleza arbitraria e imposible de homologar en términos democráticos del régimen en que se convertiría el supuesto estado catalán. Además de inviable e inconveniente, se muestra indeseable para tantos catalanes que el secesionismo no puede seguir hablando en nombre de la mayoría, y menos del país en su conjunto.

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