De la rebelión a las urnas

Visto lo ocurrido, igual ahora son los nacionalistas quienes tengan que plantearse cómo encaja España en Cataluña

JAVIER ZARZALEJOS

Hasta ahora, Mariano Rajoy se había mostrado contrario a un proceso electoral inmediato en Cataluña y se aseguró un margen suficiente de hasta seis meses para decidir sobre la convocatoria. Portavoces del PSOE y Ciudadanos hablaron de un acuerdo para celebrar comicios en enero. Albert Rivera fue más allá y reveló que la fecha sería el 28 de ese mes. El Gobierno y el Partido Popular negaron que se hubiera producido ese acuerdo y venían a explicar que sería necesario un periodo de 'normalización' en Cataluña para que se pudieran celebrar esas elecciones con la legalidad constitucional plenamente restaurada. Sin embargo, en contra de lo que podía pensarse, la respuesta política fundamental a la rebelión secesionista ha sido la de convocar a los catalanes a las urnas en la primera fecha legalmente posible, sin perder un solo día para cumplir los plazos mínimos que establece la legislación electoral.

Ya se había anunciado que el presidente de la Generalitat y todo el Gobierno autonómico serían cesados. La intervención del Gobierno se ha centrado en el control de los Mossos porque, como demostró el 1-O, no es posible mantener un cuerpo armado de 17.000 efectivos bajo un Gobierno autonómico instalado en la rebelión. En lo demás, el Ejecutivo parece confiar en la fuerza de inercia típica de toda administración y que, al margen de los delirios de sus responsables políticos que han sido cesados, tiene como cometido esencial gestionar los principales servicios públicos. En la aplicación del 155 la intervención resulta más preventiva que restauradora. Se dirige a evitar la manipulación secesionista de la Administración en la perspectiva de unas elecciones a menos de dos meses vista, mientras que la tarea de restablecimiento de la legalidad se deja esencialmente a la acción del Tribunal Constitucional y la jurisdicción penal. Así parece confirmarlo la decisión de no crear autoridades específicas para Cataluña sino de utilizar la estructura de los ministerios y atribuir la coordinación de la actuación gubernamental a la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que no es un órgano decisorio.

El Gobierno ha conseguido una habilitación muy amplia para actuar en Cataluña pero ha querido acotar la intervención a lo indispensable, aunque lo indispensable haya tenido que ser tan concluyente como el cese de todo el gabinete autonómico. No se han cumplido expectativas de control de los medios públicos de comunicación y del sistema educativo, por ejemplo con ceses como los que se han dictado en Interior. Dentro de la excepcionalidad de la situación, parece que ha primado en el Gobierno la idea de no extender la intervención -ni en los ámbitos intervenidos ni en su duración- para no poner a prueba innecesariamente la capacidad del Estado para hacerla efectiva. Aun así, el mensaje de ayer de Puigdemont hace verosímil que los independentistas insistan en desafiar la intervención con la pretensión de prolongar su fantasmagórica contralegalidad.

Si la mayoría de las decisiones que ha adoptado Rajoy en las últimas horas le han venido dadas por la consumación de la rebelión independentista, convocar elecciones para el 21 de diciembre es una decisión de la que no puede decir que no tenía más remedio que tomar. Había otras fechas, otros tiempos para ser considerados, por lo que el resultado del 21 de diciembre será el rasero por el que se medirá el acierto político del presidente, no tanto para dar respuesta al golpe secesionista sino para abrir un horizonte político que apunte a una solución. Después de reclamar que había que «hacer política» en Cataluña, la convocatoria electoral hace de la política un ejercicio inevitable. Pero la política de la que se va a hablar en Cataluña no es la de la táctica de corto recorrido sino la que tiene que confrontar, convencer, persuadir y movilizar. Es, en definitiva, la política que hace de la democracia una incertidumbre creativa. No es posible anticipar de qué manera la sociedad catalana y sus diferentes segmentos van a interiorizar todo lo ocurrido, cómo va a pesar en ellos la evidencia de que el independentismo ha mentido y que de lo prometido no queda más que la euforia momentánea de una independencia imaginaria. En sentido contrario, habrá que contar con la fuerza narrativa que el nacionalismo encuentra en sus derrotas y con la confluencia en el proceso secesionista catalán de fuerzas diversas unidas por su deseo de acabar con el 'régimen del 78'. El relato de la afirmación positiva de Cataluña en España que tanto debe encontrar quien lo escriba. La frustración de las ensoñaciones independentistas significa para muchos que el problema del 'encaje' de Cataluña en España sigue pendiente de resolver. Si las próximas elecciones autonómicas se libran dentro de ese marco de referencia, asistiremos a una reiteración más estridente y peligrosa del juego político nacionalista que buscará plebiscitar la DUI con resultados similares a los actuales. En realidad, lo que la frustración del proceso independentista pone de manifiesto es que ahora el problema tal vez sea otro, precisamente el inverso, y que serán los nacionalistas los que tengan que plantearse cómo encaja España en Cataluña. Es el paradigma político catalán que ha conducido a esta situación el que tiene que cambiar y nunca ha habido más condiciones para que así ocurra.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos