El 'procés', al Supremo

El Supremo ha decidido acumular todas las causas abiertas por el supuesto delito de rebelión en el frustrado proceso independentista catalán. El Alto Tribunal investigará así a todo el destituido Gobierno de la Generalitat y a los 'Jordis' -hasta ahora, dependientes de la Audiencia Nacional-, aparte de a los miembros de la Mesa del Parlamento, los únicos que ya estaban bajo su jurisdicción por tratarse de aforados. La decisión del magistrado Pablo Llarena está cargada de lógica, ya que garantiza una plena unificación de criterios en la instrucción y en la aplicación de medidas cautelares. El auto la justifica por la conexión «inescindible» de los hechos protagonizados por los aforados y los que no lo son. Pero conlleva riesgos: estos últimos pierden la opción de un recurso ante una instancia judicial superior, lo que la Justicia europea ha interpretado a veces como una vulneración de derechos. Con el precedente de la 'vía Forcadell', la medida favorece una posible puesta en libertad de los encarcerlados, lo que aliviaría la tensión política que rodea el 21-D y privaría al independentismo de una de sus principales bazas propagandísticas.

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