El 'procés' llega al bolsillo

El Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas y los tres exconsejeros condenados que paguen los gastos del 9-N con su patrimonio

El Tribunal de Cuentas, a instancias de la Fiscalía, que ha actuado tras la denuncia interpuesta por las asociaciones Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, ha dictado dos autos que aceleran el procedimiento para exigir al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y los consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs que abonen los gastos pagados con fondos públicos relacionados con la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, que ascendieron a algo más de cinco millones de euros; cada uno de los señalados podría tener que pagar, pues, cerca de 1,3 millones de su bolsillo. El realismo del consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, quien declaró que pensaba que el pretendido referéndum del 1-O quedaría en otro 9-N y manifestó su temor por la suerte de su patrimonio personal levantó la liebre: en los círculos soberanistas empezó a haber conciencia de que la frivolidad de convocar un referéndum de autodeterminación ilegal vulnerando la Constitución de manera flagrante no saldría gratis a los infractores. El aldabonazo de Baiget, que indignó a ERC en general y a Junqueras en particular, condujo a una verdadera depuración en el sector del PDeCAT del gobierno autonómico. No en vano el catalanismo ha sido hasta hace poco una posición templada en la política catalana. Y ello explica tanto ciertas deserciones cuanto la tibieza de otros 'activistas' que ven cómo la aventura obsesiva de la consulta puede costarles caro. Pero no sólo se cierne esta amenaza de tener que correr con los gastos sobre los organizadores del 1-O: las leyes de Protección de Datos y de Régimen Local prevén fuertes sanciones, de hasta 600.000 euros, para los alcaldes que cedan ilegítimamente el padrón municipal. En definitiva, la pretensión soberanista de infringir las leyes puede tener consecuencias patrimoniales, además de las personales que se puedan reclamar en vía penal, si llega el caso. Ya se sabe que los radicales que enarbolan el estandarte de la independencia están dispuestos a llegar hasta el final, como dicen, pero quizá terminen también reconociendo que la prosperidad familiar, el disfrute de un régimen acogedor y pacífico como el actual, son bienes que conviene preservar.

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