Sin privilegios

El sistema de Concierto y Cupo resulta incomprensible en su opacidad y en la enigmática distribución de cargas que fija

El sistema de Concierto -o Convenio- y Cupo concede a las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra un estatus singular que no debe estar reñido con la solidaridad como principio rector del Estado constitucional. Euskadi y Navarra cuentan con mayor margen para ordenar su fiscalidad que las autonomías de régimen común, y se responsabilizan de recaudar la mayoría de los impuestos para, a continuación, transferir a la Administración central el porcentaje estimado para que vascos y navarros participen de las competencias del Estado. La aportación de Euskadi se basa en su peso respecto a la renta española (fijada en el 6,24%), aunque a esa cantidad se le restan varios conceptos habiéndose establecido un mecanismo quinquenal de actualización del Cupo que, tras diez años sin concretarse, ha dado lugar a un acuerdo entre el Gobierno de Rajoy y el Ejecutivo de Urkullu, coincidente con la futura tramitación de las cuentas del Estado para 2018. El debate de ayer en el Congreso reflejó dos líneas de crítica a la aprobación del Cupo. Una, la de Ciudadanos, que cuestiona el propio sistema en tanto que lo considera privilegiado para la Comunidad Autónoma del País Vasco; la otra, la de Compromís, mostrando su queja porque el Gobierno central comience a tejer el consenso sobre el futuro de la financiación autonómica atendiendo a una comunidad que no está entre las más necesitadas financieramente. La evidencia de que el Gobierno del PP y el primer partido de la oposición, el PSOE -coaligado con el PNV en el Ejecutivo vasco- se mostraron ayer favorables a la solución pactada bilateralmente para asegurarse la estabilidad de las instituciones mediante el concurso del nacionalismo vasco es tan palpable que no admite discusión alguna. Del mismo modo que el acuerdo alcanzado responde a criterios de oportunidad frente al desvarío independentista en Cataluña. El sistema de Concierto y Cupo resulta incomprensible en su opacidad y en la enigmática distribución de competencias y cargas que fija. Su previsión constitucional tampoco puede convertirse en un argumento que silencie cualquier duda, puesto que su aplicación concreta no queda santificada por la Adicional Primera. Sería exagerado suponer que el sistema de Cupo descuadra la financiación del resto de las comunidades autónomas. Pero tampoco tiene sentido que no se ponga luz y transparencia.

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