PRISAS ELECTORALES

No hay partido político en cuya agenda esté ausente una idea de reforma electoral. Todos, sin excepción, creen que es necesario 'mejorar' los términos en que se realiza la selección de los representantes públicos. Por el contrario, ninguno está dispuesto a acometer una modificación que pueda amenazar sus intereses. Se entiende que las leyes electorales deben garantizar la mejor representación del pueblo soberano sin descuidar el compromiso con la gobernabilidad, pero quienes deben aprobar la modificación legislativa, por más que lo disimulen, se muestran menos interesados en articular un procedimiento que haga viable la formación de gobiernos estables que en establecer un mecanismo diseñado a la medida de sus circunstancias.

Las franquicias mayoritarias, las que tienen mayor poder de convocatoria entre el electorado, se sienten cómodas con un sistema «proporcional corregido», heredado de la Transición, que ha posibilitado el modelo de bipartidismo imperfecto de la democracia española. Las fuerzas emergentes y minoritarias, sin embargo, prefieren explorar otras variantes que no les penalicen e incluso, si fuera posible, que les otorguen alguna ventaja, ya sea mediante la reconsideración de las circunscripciones, el cambio de sistema de reparto de escaños hasta ahora basado en la ley d'Hont, la ampliación del censo electoral mediante la inclusión de los mayores de dieciséis años o -en el caso de La Rioja- la reducción del umbral que es necesario superar para obtener el primer diputado en el Parlamento regional.

En el país del inconformismo, donde todo está permanentemente sometido a revisión, las cuestiones importantes suelen abordarse con una morosidad desconcertante. Se enuncian con gran aparato y después se olvidan. Una de ellas es la reforma electoral, por la que de repente ha entrado tanta prisa y a la que han apelado, sin excepción, todos los grupos. Las últimas tentativas llegaron de la mano del PSOE, que se encontró con la oposición de los populares. A continuación vino la del PP. El planteamiento formulado en el verano de 2014 por Mariano Rajoy se orientaba hacia el establecimiento de garantías para la gobernabilidad de los municipios en un momento en el que la previsible fragmentación del voto hacía presuponer dificultades para la consolidación de mayorías estables. El vaticinio se cumplió en parte, pero la experiencia ha demostrado que el diálogo, la negociación y la búsqueda de puntos de encuentro entre fuerzas de distinto signo pueden complicar la gestión, pero también ser más útiles que el rodillo a la hora de enfocar las soluciones que demandan los ciudadanos.

En este momento, Podemos y Ciudadanos, aunque carecen de la mayoría necesaria para acometer una reforma como la que propugnan, se sienten con fuerza moral suficiente para apremiar a las dos grandes formaciones que han gobernado España durante las últimas décadas. Su pretensión es aprobar una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de los próximos comicios. Calculadora en mano, advierten que, de haber estado vigentes los criterios de la reforma ahora propuesta, el PP tendría hoy quince diputados menos y que el PSOE perdería uno, mientras que Podemos contaría con siete escaños más y el grupo parlamentario de Ciudadanos sumaría otros doce miembros.

Y es que, en efecto, el tamaño desigual de las circunscripciones o la asignación de un número mínimo de escaños por provincia -independientemente de cuál sea su censo electoral- hacen, entre otros factores, que el coste en votos de cada curul no sea igual para todos los partidos. Un desajuste con la expresión directa del sufragio que queda reflejado en la circunstancia de que el PP necesitó 56.965 votos por cada diputado elegido en junio del año 2016, mientras que el PSOE precisó de 64.045, Podemos requirió 71.655 y a Ciudadanos la cuenta se le fue hasta 98.174 apoyos electorales por escaño. Más evidente todavía puede resultar la comparación de los resultados del PNV, que con 286.215 votos obtuvo cinco diputados, y el PACMA, al que no sirvieron los 284.848 sufragios recibidos para colocar a un solo representante de los animalistas en el Congreso.

La reforma de la ley electoral autonómica es otra de las asignaturas pendientes de la política riojana. Sugerida años atrás, negociada sin éxito durante la pasada legislatura e incorporada a los propósitos para lo que queda de la presente, el Parlamento sigue escuchando las opiniones de expertos. En el debate, inicialmente capitalizado por la definición del número de miembros que debe tener la Cámara regional o la rebaja -desde el 5% hasta el 3%- del umbral de votos necesario para obtener el primer diputado, se han colado otras cuestiones como el cambio sistema para la asignación de escaños o la profesionalización de todos los miembros del Legislativo, reclamada por Ciudadanos e incluso dotada con una reserva presupuestaria que permitiría hacerla efectiva el próximo año.

Curiosamente, o tal vez no tanto, las propuestas para la reforma de las leyes electorales vigentes -lo mismo la nacional que la autonómica- eluden profundizar en la apertura de cauces para aliviar el peso insoportable de la partitocracia. Ni siquiera los adalides de la nueva política se han atrevido a entrar a fondo en un asunto tan espinoso como el de las listas cerradas y bloqueadas, que además de limitar la capacidad de elección de los votantes contribuyen a fortalecer oligarquías orgánicas que, en lugar de pensar en los mejores para atender el interés de los ciudadanos, ponen y quitan candidatos sin más criterio que el de sus filias o sus fobias.

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