La política sanitaria

FERNANDO SÁEZ ALDANA

Esculapio me libre de entrar en el debate ético sobre la llamada «reasignación de sexo» por métodos médico-quirúrgicos a individuos que padecen la llamada «disforia de género». En cristiano, el cambio de sexo a base de hormonas y operaciones a personas que psicológicamente se sienten mujer con cuerpo de varón o viceversa. Unos defienden que sea un derecho más, en este caso de quienes sufren por no poseer su verdadera identidad de género, legalmente reconocido por las instituciones europeas, españolas, hasta murcianas y en breve riojanas. Y otros lo rechazan por entender que fisiológicamente es imposible cambiar un sexo genéticamente codificado y que la cirugía para intentarlo mutila un cuerpo humano, ocasiona mucho sufrimiento, somete a riesgos injustificables, no resuelve los verdaderos problemas psicológicos y sólo consigue crear la apariencia de otro cuerpo para satisfacer una fantasía.

Pero sí voy a meterme en el tan espinoso jardín de la ética de la gestión sanitaria. Uno de los grandes principios teóricos de esta disciplina, a caballo entre la economía y la filosofía, establece que, en un escenario de demanda ilimitada, la asignación de recursos siempre insuficientes debe realizarse acorde con criterios de justicia, equidad, eficiencia y bien común. Pero, por mucho que se insista en su compatibilidad, en la práctica es difícil dar a cada uno lo que le corresponda (justicia) alcanzando a la mayoría de personas (bien común) sin perjudicar a unos por favorecer a otros (equidad) y con la máxima calidad al menor coste (eficiencia).

Por eso, que el SERIS vaya a proporcionar gratis «tratamiento hormonal a las personas transexuales, así como el proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de tórax y el material protésico necesario. Asimismo, prestará tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz cuando sean requeridos y cuando el usuario y/o familiares lo estimen necesario, proporcionará el acompañamiento psicológico adecuado» puede resultar cuando menos chocante a los miles de riojanos que han de pagarse el empaste de su caries, el audífono o las gafas sin las cuales muchos no podríamos trabajar, y repagarse (eso es el copago) medicinas, material ortoprotésico o la silla de ruedas.

Si los gestores están moralmente obligados a optimizar los recursos sanitarios con criterios de racionalidad, determinando cuáles son los bienes sociales primarios (el llamado ) que han de guiar la política de prestaciones sanitarias públicas para beneficiar al mayor número de personas, la futura «ley trans» riojana parece obedecer a otros criterios. Y es que la política sanitaria suele ser más política que sanitaria.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos